El nuevo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ofrecía este jueves en un desayuno informativo en Madrid su primera entrevista pública, rodeado de la cúpula del poder judicial y acompañado del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Melgar ha evitado en todo momento pronunciarse sobre cuestiones que tuvieran que ver con procedimientos futuros o en curso bajo secreto de sumario, como por ejemplo si la Guardia Civil estaba investigando a Elsa Artadi o Jaume Roures, si la próxima semana pediría prisión para Marta Pascal y Marta Rovira —"ya se verá", dijo sobre ello—, o si contemplaba pedir la suspensión de Òmnium y ANC. Al respecto de esta cuestión, que viene sonando en los medios, ha dicho que "de momento" no, pero más tardé ha remarcado que no puede aventurar una decisión que se toma de forma colegiada.
Melgar se ha mostrado partidario asimismo de cursar la euroorden de detención de Carles Puigdemont por delitos graves como sedición o rebelión. El fiscal general ha justificado que así se evitaría que sea juzgado por otros menores, evitando una "intolerable asimetría" con el resto de investigados, evitando que el posible "director" de la trama tuviese una pena análoga. Además, ha recordado que Puigdemont no puede ser juzgado en rebeldía, porque esa previsión existe solo para delitos castigados con menos de dos años de cárcel.
"Es una paradoja lo que se está produciendo en esta materia. En mis años de experiencia, y son más de 35, nunca habíamos asistido a una circunstancia de esta naturaleza: he visto huidos y prófugos, pero nunca a un fugado de quien se sepa exactamente dónde está, y no solamente eso, es que nos anuncia sus movimientos", ha expresado.
En la introducción el fiscal general ya había advertido que el proceso independentista era "uno de los problemas más graves que enfrenta la democracia en este momento", y ha recordado de su actuación "firme, inexorada e inmune" si se volvía a actuar con "menosprecio a la Constitución".
La cuestión es que Melgar se ha visto obligado a trampear las preguntas sobre la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España, resolución publicada la semana anterior, por torturas a los etarras Portu y Sarasola. El número uno del ministerio público ha dicho que su organismo "acataba" la sentencia, pero ha evitado pronunciarse sobre el fondo del asunto. "En aquel momento, las pruebas que allí se ofrecían no eran suficientes por delito de torturas. No conozco la sentencia, pero sé que se ha vulnerado el artículo 3 por torturas y tratos degradantes. Llevamos 10 condenas en Estrasburgo, aunque nos dan la razón la mayoría de veces. Pero no puedo opinar de forma más específica" ha cerrado.
Sobre la posible derogación de la prisión permanente revisable tampoco se ha pronunciado. "La fiscalía no es un órgano político, la política corresponde a los órganos legislativos del Estado. El ministerio fiscal solo muestra su opinión en el proceso prelegislativo, cuando se establece que se tenga que informar por el proyecto o anteproyecto de ley", recordó.
Sobre los delitos de odio, "una materia de enorme sensibilidad social", ha considerado, Melgar ha establecido como prioridad "aclarar" su tipificación. "Nos preocupa que determinadas actuaciones se sepan antes de que se aclare si estamos o no ante un delito de odio. Por ejemplo, nos ha provocado cierta perplejidad el caso de un mecánico de automóviles, que a causa de que el amo era de la Policía, no se lo arreglaba", ha expuesto. No se ha pronunciado, si bien, sobre la posible condena al chico que puso su cara a una imagen de la cara de Jesús. Aun así ha dicho que "en las redes no se puede decir cualquier cosa. Enfrente de la libertad de expresión también está el honor", ha zanjado.