La ley de memoria democrática del Estado español entró en vigor el 20 de octubre pasado, sin que el PSOE recogiera ninguna de las enmiendas de Esquerra Republicana. Concretamente, los socialistas rechazaron las 500 enmiendas presentadas por grupos parlamentarios como ERC, Bildu o Compromís. En otras palabras: Pedro Sánchez puede vanagloriarse de haber cumplido en esta última legislatura la promesa de aprobar una ley de memoria democrática, pero que siempre quedará coja por no haber recibido el apoyo del independentismo catalán. En el Congreso de los Diputados, ERC se abstuvo, y Junts y CUP votaron en contra. Bildu sí que votó a favor al valorar que era un "paso en la dirección correcta", mientras que Esquerra Republicana, el otro socio habitual del PSOE en la última legislatura, consideró que la ley era demasiado tímida y se acabó absteniendo. Cosa que acabó indignando al exdiputado Joan Tardà, que acusó su partido de "blanquear" la ley de los socialistas porque el texto perpetúa, en opinión suya, la impunidad del franquismo.

A grandes rasgos, la nueva ley de memoria democrática permite crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos en España entre el año 1978 y 1983. Llegó a generar, incluso, animadversión a algunos históricos socialistas como Felipe González o Juan José Laborda que consideraron que la nueva ley iba en contra del "gran pacto constitucional" de 1978. Así, también se manifestaron los grupos de la oposición. Y lo más interesante es que entidades de memoria consideran que la nueva norma se queda corta.

Más de un centenar de familias, pendientes

La ley española tiene en cuenta las fosas, y contempla la elaboración de un mapa a escala española donde puedan estar registradas; además de crear un banco estatal de ADN. El objetivo de la ley, como especifica el texto, es ejercer "como política de Estado la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoren dónde se encuentran sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que les puedan dar una sepultura digna, y se ponga de esta manera punto final a la existencia de miles de desaparecidos en España".

Es decir, que la ley del PSOE contempla la identificación de todas las personas enterradas en fosas comunes. Ahora bien, la ley española, sin embargo, sigue sin judicializar las fosas comunes. Es decir, la responsabilidad del Estado queda reducida al ámbito económico. Solo se responsabiliza de coordinarse con otras administraciones y hacerse cargo de la "identificación y entrega de los restos de las víctimas a las familias".

Uno de los principales deberes pendientes que tiene el Estado en materias de fosas comunes es, sin ningún tipo de duda, el Valle de los Caídos. El gobierno de Pedro Sánchez ya puede presumir de haber sacado de allí los restos de dos símbolos del fascismo español: Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Ahora bien, tal como recoge el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el número total de personas enterradas en este mausoleo del franquismo es de 33.833. De estas, 21.423 están identificadas y 12.410 son restos de desconocidos.

No fue hasta este pasado mes de junio que el Gobierno comunicó de forma oficial a los familiares que lo habían reclamado, que los forenses entrarían en las criptas del Valle de los Caídos para buscar, identificar y rescatar restos. El anuncio por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez fue trasladado a las 128 familias que hace años que reclaman el derecho de llevarse los restos de sus antepasados, presas en un mausoleo dedicado a humillar a las víctimas del franquismo. Nadie duda que si el nuevo Gobierno es una coalición de la derecha y la ultraderecha, todo podría quedar parado.

Catalunya espera más 

Para entidades memorialistas de Catalunya, la ley de memoria democrática española, es insuficiente. La ley 20/2022, que sustituye la ley de 2007 con el reto —según se asegura— de amparar mejor la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, es "ambigua", según expertos catalanes y miembros de entidades porque hay que reclamarlo todo de nuevo, como en el caso del patrimonio expoliado por el franquismo y pendiente de devolver como reclama la Federación de Ateneos de Catalunya.

Además del retorno pendiente de patrimonio saqueado, distintas entidades catalanas reclaman la resignificación de la Jefatura Superior de la Policía española de Via Laietana de Barcelona, centro de torturas en el franquismo y en los primeros años de democracia, en un espacio de memoria. La ley española recoge la transformación de estos espacios para hacer justicia y no repetición, como ya se ha hecho en el País Vasco. En el caso de la comisaría de Via Laietana, hasta ahora el gobierno del PSOE ha negado esta transformación al asegurar que ya es un espacio democrático. Responsables del Departament de Justicia, sin embargo, confían en que finalmente se cederá, tal como reclaman grupos de catalanes en las concentraciones que hacen delante del edificio cada primero y el último martes de cada mes, impulsadas por la Comisión de la Dignidad.

Querellas y Delgado

La ley española también recoge que se tienen que investigar los crímenes y torturas bajo el franquismo, aunque después sus autores no asuman responsabilidades al aplicarles la ley de Amnistía de 1977. En este sentido, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, anunció recientemente que el Govern se ha personado como acusación popular en la causa de Carles Vallejo, que hace meses presentó la primera querella por torturas en la Jefatura de Via Laietana en 1971, durante el franquismo, a un juzgado de Barcelona, con el apoyo de las entidades Irídia y Òmnium Cultural.

Precisamente, la Fiscalía de Barcelona anunció que pedía el archivo de la querella de Vallejo por prescripción, aunque admitió que presentó su escrito al juzgado, antes del nombramiento de la nueva fiscal de sala de Memoria, Dolores Delgado, que tendrá que unificar criterio de acuerdo con la nueva ley española de memoria democrática, que entró en vigor el diciembre pasado. La titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona, la magistrada Carmen García, tiene que resolver si tira adelante la investigación o la archiva.

Con respecto a las investigaciones penales, se espera que Dolores Delgado —que ocupa la fiscalía de nueva creación de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tal como recoge la nueva norma— dé pronto las primeras instrucciones. No obstante, la Asociación de Fiscales (AF), conservadora y mayoritaria en la profesión, ha denunciado, este julio, el nombramiento de Delgado al Tribunal Supremo al considerar la designación "ilegal y nula de lleno derecho". Para la AF es incompatible el cargo de Delgado con el trabajo de su pareja sentimental, Baltasar Garzón, que como abogado lleva casos de este ámbito.

La ley catalana, a punto

Paralelamente, el esperado proyecto de ley de memoria democrática catalana entró, a finales de mayo, en su tramitación parlamentaria, después de que se rechazaran las enmiendas a la totalidad de los grupos españolistas (Vox, PP y Cs). Esta ley une tres normas pioneras: la Ley del Memorial Democrático (2007), la Ley de fosas (2009) y la Ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo (2017).

 

La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, aseguró en el Parlament que la ley es "un proyecto de país", y que "puede volver a poner Catalunya a la vanguardia de las políticas de memoria del Estado y del marco europeo".