Con el objetivo de sacar adelante los presupuestos, el gobierno del PP y Ciudadanos de Alicante ha sacado adelante una nueva ordenanza que atenta los derechos sociales de los más vulnerables y satisface los deseos de Vox. De esta manera, pedigüeños, sin techo y prostitutas podrán ser multados con sanciones de un máximo de 3.000 euros para incurrir en lo que la ultraderecha considera que es un malestar a la sociedad. El rechazo ha sido mayoritario, no sólo de la oposición como PSOE o Unidas-Podemos sino también de colectivos y ONG's que alertan del peligro de esta norma. Desde sindicatos hasta Cáritas y Médicos sin Fronteras, pasando por el mismo president de la Generalitat valenciana Ximo Puig y la ciudadanía que ya se ha manifestado a las calles, piden que se pare lo que consideran un disparate.
La norma es clara: llevar a cabo prácticas sexuales, solicitar o negociar servicios sexuales podrá ser multado de los 750 a los 1.500 euros. Por otra parte, "conductas de pedigüeño que representen conductos coactivas" también y las más graves serán si esta "se practica con menores o personas con discapacidad que llegaría a los 3.000 euros". Los sin techo también se incluyen si, más allá de pedir "molestan en la vía pública". Estos colectivos, duramente señalados, se mezclan con aquellos que practiquen conductas incívicas como escolar música dentro del coche pero con el volumen demasiado alto, hacer pintadas, practicar acrobacias con patines y monopatines en zonas no permitidas o "jugar a pelota en horas intempestivas".
Cartel de los manifestantes en contra de la norma / Fuente: Plataforma contra la pobreza en Alicante
Vox refuerza su discurso xenófobo y se congratula de los "méritos" conseguidos. Mario Ortolá, portavoz de Vox en Alicante, considera que estos presupuestos "reducen una carga ideológica que, a pesar de estar bajo mínimos por las exigencias de años anteriores que Vox reclamaba, sigue presente por el capricho de PP y Ciudadanos". Uno de los propósitos del partido de Santiago Abascal es recortar los derechos a los transexuales y todos los colectivos LGTBI. Los resultados fueron de 16 votos a favor del PP, Cs y Vox delante de los 13 en contra del PSOE, Podemos y Compromís. "El PP ha vendido sus presupuestos por 30 monedas de plata en contra de los colectivos más vulnerables y de los que trabajan a pie de calle", ha declarado a Francesc Sanguino, portavoz socialista. La polémica puede ir más allá. La portavoz de Política Social del PSPV en las Corts, Laura Soler ha condenado "a la ordenanza de la vergüenza" y ha recordado que "la Comunidad Valenciana es una tierra inclusiva y tolerante que protege los más vulnerables". Soler ha presentado una iniciativa en que se insta a trasladar los hechos a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias "como territorio inclusivo con la ciudadanía y que no tolera las medidas que castigan a los que viven en la calle". El presidente valenciano añade: "Cualquier estigmatización es inhumana. La sociedad no tiene que dejar a nadie detrás".
"También lo han aprobado en Barcelona y Valencia"
Desde el PP recuerdan que una ordenanza similar se ha establecido anteriormente en Barcelona y Valencia. Aunque hay matices, sobre todo en materia social. A modo de ejemplo, en el caso de Barcelona, la normativa se aprobó el año 2012 y la policía local se centró en los clientes y en aquella prostitución ejercida en la vía pública. Por otra parte, la polémica derivó de este colectivo pero no de pedigüeños o sin techo. Además, la interpretación se modificó, todavía más, el año 2016. En el marco de la jornada que llevaba por nombre 'Prostitución y Ordenanzas Municipales', se impulsó eliminar las sanciones a las mujeres por respeto a la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el mismo consistorio. Si volvemos al caso de Alicante, la normativa tan sólo abre la puerta a todos los colectivos mencionados anteriormente a tener el "derecho de solicitud para intentar sustituir las infracciones con charlas, programas de formación o actuaciones sociales comunitarias". Una opción abierta poco definida y que siempre quedará relegada a la interpretación que se haga de la norma.