La inmigración es, junto con la crisis de la vivienda, uno de los grandes retos que afronta actualmente la política catalana y española. Es por eso que el actual tablero político está condicionado, entre varias cosas, por la negociación Junts-PSOE para delegar íntegramente a la Generalitat las competencias en inmigración y por el reparto a las distintas autonomías de 4.500 menores extranjeros no acompañados que colapsan los servicios sociales de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Son dos carpetas diferentes, pero están relacionadas entre ellas. La última vez que esta cuestión se abordó en el Congreso de los Diputados fue cuando el Gobierno intentó modificar la ley de extranjería para instaurar un reparto automatizado y obligatorio para cada menor desamparado que entre en el Estado. PP y Junts lo tumbaron. El principal argumento de los populares era que, en primer lugar, había que declarar la emergencia migratoria en todo el Estado; mientras que los independentistas pedían parar "el abuso de solidaridad" de los catalanes (es el territorio que acoge a más niños extranjeros sin familia) y cerrar antes la delegación integral de las competencias en inmigración a la Generalitat.
Vamos por partes. Ya hace más de un año que Junts per Catalunya pactó con el PSOE —a cambio de la aprobación de un decreto ley con medidas sociales— que el Gobierno delegaría íntegramente las competencias en inmigración a la Generalitat. Desde entonces, ambas partes negocian cómo se tiene que sustanciar esta delegación. Todavía no ha habido un acuerdo definitivo, porque los independentistas exigen la presencia de los Mossos en las fronteras, la capacidad para tramitar las expulsiones y la emisión del NIE (el número de identidad de la persona migrante). "Si todavía continuamos sentados en una mesa es porque no estamos de acuerdo en sus planteamientos", se limitan a indicar a ElNacional.cat fuentes del Gobierno. Ambas partes procuran preservar un cierto hermetismo sobre estas negociaciones, aunque los socialistas mandan a Junts algunas advertencias: consideran que la Constitución aleja la posibilidad de que la policía catalana pueda controlar sus fronteras.
Junts exige que la delegación de las competencias sea integral
Este viernes, Jordi Turull ironizaba y aseguraba que la carta magna española "es como el Quijote; nadie lo ha leído entero pero todo el mundo habla de él". Y se le preguntaba sobre una información que publicaba eldiario.es según la cual el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez trabaja en la elaboración de una ley orgánica para que todas las autonomías que lo deseen —no solo Catalunya— puedan asumir competencias en materia de acogida e integración, también que los Mossos participen en tareas de acompañamiento en operaciones fronterizas y que emitan informes preceptivos sobre expulsiones. La Moncloa no confirma a este periódico que se esté trabajando en este texto. También Jordi Turull aseguraba que Junts no conoce este documento. Insistía en que el pacto con los socialistas es la delegación "integral" de las competencias.
En todo caso, el Gobierno es plenamente consciente de que resolver este acuerdo con Junts es fundamental para desencallar la legislatura. Incluso Pedro Sánchez ha reconocido que no puede empezar a negociar los próximos presupuestos generales del Estado con Carles Puigdemont hasta que no haya cerrado definitivamente esta carpeta. Además, a finales de febrero o principios de marzo se tendrá que debatir en el Congreso la proposición no de ley sobre una cuestión de confianza al presidente del Gobierno. Y los independentistas exigen que el asunto esté resuelto antes de esta prueba de fuego.
El reparto de menores extranjeros no acompañados
Pero mientras se producen estas negociaciones, en las Islas Canarias siguen llegando cayucos repletos de inmigrantes que se juegan la vida en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. En estas embarcaciones hay menores no acompañados; y actualmente hay 4.000 que colapsan los servicios sociales de las Islas Canarias; y otros 500 repartidos entre Ceuta y Melilla. He ahí la segunda carpeta: el Gobierno necesita reubicar a estos niños y niñas entre las distintas comunidades autónomas con el fin de descongestionar el archipiélago africano.
Su objetivo de máximos es conseguir en el Congreso de los Diputados una modificación del artículo 35 de la ley de extranjería a fin de que este reparto pase a ser automático y obligatorio cada vez que un niño desamparado pise suelo español. Ya lo intentó el pasado verano, pero fracasó porque Junts y PP votaron en contra de ello.
Los populares exigían a Sánchez declarar la emergencia migratoria en todo el Estado, aclarar los criterios de financiación para las autonomías para hacerse cargo de los inmigrantes, una mayor implicación del Gobierno en la gestión de los menores, un mayor control de las fronteras, negociación con Europa para que tome medidas, e inversiones y acuerdos con los países de origen. Junts exigía cerrar antes la delegación de las competencias (es aquí donde la primera carpeta se relaciona con la segunda) y poner punto final a "el abuso de solidaridad" que España ha practicado con Catalunya en este asunto.
Los datos: Catalunya es la comunidad que absorbe a más menores no acompañados
La realidad es que Catalunya es, en números absolutos, la comunidad autónoma que acoge a más menores extranjeros no acompañados; solo superada, evidentemente, por las Canarias, que son puerta de entrada de inmigrantes en Europa. Según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, Catalunya tiene el 24% de las plazas de todo el Estado con 4.000 camas; 1.000 camas por encima de lo que le correspondería. También Euskadi es más que solidaria: tiene 1.500 camas con un sobreesfuerzo de 500 plazas. En cambio, la Comunidad de Madrid solo acoge al 10% de estos menores con 1.900 plazas.
Según los datos que tenía la policía española este pasado verano, 16 de cada 100.000 habitantes en Catalunya eran menores extranjeros no acompañados. La cifra aumentaba a 17 y 23, respectivamente, en Euskadi y las Islas Baleares; mientras que se hundía hasta los 7 menores en la Comunidad de Madrid.
La nueva solución del Gobierno
Ahora, ante estos datos, los gobiernos español y canario han acordado plantear una solución de mínimos: hacer un reparto urgente de los 4.500 menores con un nuevo criterio respecto de las reubicaciones excepcionales que se han hecho en el pasado. Aparte de tener en cuenta la población total de la comunidad autónoma, su capacidad de acogida y su situación económica, ahora se tendría también en cuenta cuál ha sido su esfuerzo previo en esta materia. Ahora, según explica el Gobierno, habrá que negociar con los grupos parlamentarios de la cámara baja la ponderación de los distintos criterios sobre cómo hacer este reparto. El Ministerio de Juventud e Infancia todavía estudia si tendrá que hacer la reubicación a través de real decreto ley u otra fórmula.
Y hará falta que se ponga de acuerdo con Junts, porque el PP ya le ha dado plantón: Borja Sémper, portavoz del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, denunciaba este viernes que el Gobierno se plantee ahora premiar a Catalunya y Euskadi en este reparto, cosa que lleva, según él, al "conflicto" entre los distintos territorios del Estado. Una de las ironías de toda esta película es que el PP forma parte del gobierno de las Islas Canarias que ha pactado estos parámetros con el Gobierno. Sea como sea, en la declaración a los medios de este viernes, Turull ya advirtió que, en plena negociación para delegar las competencias, Catalunya no puede ser en el reparto de menores "una más" en un nuevo "café para todos".