Durante la primavera de 2017 la tensión entre los departamentos de Gobernación y Vicepresidencia sobre quién debía asumir la compra de las urnas para hacer el referéndum la encarnaron sus máximos representantes, Meritxell Borràs y Oriol Junqueras. Este miércoles, la abogada de la exconsellera Borràs ha señalado que su defendida no tuvo nada que ver con ninguna actuación vinculada con la organización del 1-O. Ella es una de los miembros del Govern Puigdemont a quien las acusaciones libran de la rebelión y la sedición y rebajan la petición de penas a los 7 años de prisión por un presunto delito de malversación. Y es en desmontar este delito que ha centrado los esfuerzos su letrada, durante el informe final.

Judit Gené, miembro del bufete de Xavier Melero, ha criticado "el sesgo de fiscalía, abogacía y Vox para fundamentar sus acusaciones" y se ha quejado de que "sólo se fijan en los aspectos que perjudican". Por todo ello ha ironizado que después de hablar de "rebelión posmoderna, sin alzamiento, llega la malversación posmoderna, donde no importa si hay perjuicio, ni quien lo ha hecho". En este sentido ha sustentado su defensa en negar de una lado que los gastos que se le atribuyen para justificar el delito de malversación no eran competencia suya y de la otra que estos mismos gastos se hicieran después del acuerdo de Gobierno del 6 de septiembre, cuando el ejecutivo se comprometió a asumir los costes para el 1-O de manera colegiada. Sobre aquel acuerdo, y en la línea de lo que han hecho otras defensas, ha explicado que "aquello se quedó en el plano político".

El día que anunció la incorporación del referéndum a la hoja de ruta, durante una comparecencia en el Parlament, Puigdemont dejó claro que trasladaba ese encargo a Oriol Junqueras y Raül Romeva, a Vicepresidencia y Exteriores. Y a eso se ha cogido la defensa de Borràs, sacudiéndose cualquier tipo de responsabilidad. "Tiene el convencimiento y la certeza de que ni ella ni nadie de su departamento hizo nada directa ni indirectamente relacionado con el referéndum", ha sentenciado, añadiendo que "los gastos que se le atribuyen no eran competencia suya". Hecho el apunte, ha entrado al detalle de las partidas que la acusación aporta en sus conclusiones. "no se hizo nada desde el CTTI, ninguna de las campañas de publicidad han sido propugnadas ni impulsadas de los del departamento de Gobernación", la conselleria de Borràs "no hizo ningún contrato con Unipost relacionado con las papeletas y el material electoral ni era uno de los supuestos cinco departamentos entre los cuales se tenía que dividir el pago".

Pero no sólo eso. Gené también ha recalcado que su cliente "no hizo ni un solo tuit, ni una sola declaración pública" vinculados al 1-O, que "no aparece en la agenda Moleskine, en ninguna reunión" y que "de 10.000 correos que le han intervenido a Borràs, ninguno de ellos tiene relación alguna con lo que aquí se está juzgando".

Durante su exposición final, la magistrada ha acusado a la fiscalía y a la abogacía de "falta de rigor" y de hacer "acusaciones gratuitas, cuando están pidiendo ni más ni menos que siete años de prisión". Ha puesto como ejemplo el hecho que "cuando en las conferencias se habla de cosas que no nos gustan es malversación" o que "cuando los visitantes internacionales opinan y hacen ruedas de prensa con opiniones que no gustan a la fiscalía, su viaje y su estancia es susceptible de malversación". Sin embargo, con quien ha sido más dura y contundente es con Vox y ha pedido que las conclusiones del partido de ultraderecha no se tengan en cuenta a la hora de emitir la sentencia. "La acusación popular ha ejercitado de manera abusiva y arbitraria la acción penal", se ha quejado Gené, quien por cierto ha aprovechado para poner de manifiesto que "por hechos idénticos se ha dejado fuera del exconseller Santi Vila". Según su opinión, "eso sólo se explica porque son motivos políticos e ideológicos".