La delegada del Govern delante de la UE y exconsellera, Meritxell Serret, será la número dos de ERC por Lleida a las elecciones al Parlament. Después de la inhabilitación del conseller de Acció Exterior, Bernat Solé, por parte del TSJC, ERC ha sustituido así el número dos de la candidatura.
En un comunicado, los republicanos han denunciado las "interferencias" de la justicia española hacia el proceso electoral y la candidatura. "La represión no nos para ni nos bloquea, al contrario, nos afianza en el compromiso de lucha por la República Catalana todavía más", han subrayado. ERC ha denunciado que el Estado quiera utilizar la "represión" para apartar una generación entera de dirigentes "que han llevado más lejos el país en la independencia".
"Serret es quien mejor puede representar los valores republicanos pero también al propio Bernat Solé. Los dos han sido y son miembros del Govern de la Generalitat, responsables del ámbito internacional y represaliados en esta causa general del estado contra el independentismo", han defendido para hacer el relevo.
La inhabilitación de Solé
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al conseller de Acció Exterior a un año de inhabilitación y una multa de 16.800 euros por su papel en la organización del 1-O cuando era alcalde de Agramunt. Era también diputado en el Parlament.
El conseller de Acció Exterior, Bernat Solé / ACN
El tribunal considera probado que cometió un delito de desobediencia grave a resoluciones judiciales, ya que constata que tenía conocimiento personal y directo de las decisiones del Tribunal Constitucional que advertían de las consecuencias en caso de aplicar las leyes aprobadas por el Parlament el año 2017 sobre el referéndum. También tendrá que pagar las costas del proceso. El conseller todavía puede presentar recurso ante el Tribunal Supremo, así que esta sentencia todavía no es firme.
La sentencia remarca que el acusado fue notificado personalmente de las resoluciones del TC que le prohibían tomar parte en la organización del 1-O en Agramunt. "También conocía el efecto vinculante de este requerimiento y las eventuales consecuencias penales derivadas de su incumplimiento", añade.
Según el tribunal, Solé no sólo permitió que el 25 de septiembre del 2017 se utilizara un local propiedad del Ayuntamiento para celebrar un acto público destinado a promover la participación ciudadana en el referéndum, sino que "se prestó a participar como orador en su calidad de alcalde y de diputado, aprovechando la ocasión para animar públicamente a los oyentes a ir a votar el día 1 octubre 2017".
Foto principal: La delegada del Govern ante la Unión Europea, Meritxell Serret / ACN