Hace una semana los miembros de la Mesa del Parlament recibieron un nuevo aviso del Tribunal Constitucional idéntico al que ya se les había notificado hace quince días. Les advertía de su obligación de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión de las resoluciones aprobadas hace meses sobre la autodeterminación y la reprobación del rey. Este lunes ha decidido obviar aquel requerimiento. Los partidos de la oposición ya adelantan que combatirán la propuesta. El primer paso será pedir a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite.
Tocadas las diez de la mañana los grupos independentistas han entrado en el registro del Parlamento la propuesta de que ha acabado entrando en la reunión de la Mesa de esta mañana. Se ha admitido a trámite, en contra de la posición de Cs y el PSC y con el aviso de los letrados que el punto 11 va en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional. La propuesta se ha entrado por la vía ordinaria, por lo tanto, salvo cambios de última hora, no se votará al pleno de este miércoles, sino al próximo, que es ya después de las elecciones del 10-N.
La primera referencia a la autodeterminación no lo hace propiamente para reivindicar este derecho en sí mismo, sino el derecho "de los diputados a poder debatir sobre todos los asuntos que interesan a la ciudadanía, incluidos el derecho de autodeterminación, la monarquía o la soberanía", conceptos todos estos suspendidos por el TC. Ahora bien, más adelante deja claro que "considera que ante las coacciones de los poderes del Estado para intentar limitar los temas de debate al Parlamento de Catalunya, no hay ninguna opción más que defender el derecho a la representación política y a la libertad de expresión de todos los diputados y diputadas. Por eso, reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas, la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya". Este es el punto espinoso.
La propuesta de resolución empieza expresando el "rechazo a la sentencia", exigiendo la libertad de los presos y el retorno de los exiliados y denunciando una "deriva autoritaria del Estado que afecta no sólo los independentistas". Al mismo tiempo, remarca en el "carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista, tal como ha demostrado en las múltiples movilizaciones llevadas a cabo durante la última década". También lamenta que el Estado "está imponiendo la criminalización generalizada de la disidencia política".