Más tiempo. El 7 de enero no será la fecha en la que se desencalle el futuro de la relación entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. Este martes era el día que el líder de Junts había anticipado que la Mesa del Congreso de los Diputados, presidida por la socialista Francina Armengol, tendría que emitir un veredicto definitivo sobre si admite o no la iniciativa que registraron los juntaires para emplazar al presidente español a someterse a una cuestión de confianza. “Un año después, las cosas no van bien y ha llegado el momento o bien de un punto inflexión o bien de dejarlo estar. Pedro Sánchez sigue demostrando que no es de fiar, no ha conseguido vencer los recelos que teníamos, sino que les ha incrementado”, advirtió Puigdemont el 9 de diciembre. Y anunció que Junts había registrado en la cámara baja una proposición no de ley (una iniciativa no vinculante) para someter a votación su voluntad de que Pedro Sánchez tuviera que refrendar el apoyo del Congreso a través de una cuestión de confianza. Parecía que la decisión de la Mesa llegaría el 7 de enero, pero, según ha podido saber ElNacional.cat, este martes no se celebrará la reunión de la Mesa y en la Carrera de San Jerónimo tampoco está previsto, a estas alturas, que se produzca a lo largo de esta semana. Repasamos la cronología.

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Desde el principio, el recorrido de la iniciativa de Junts no ha estado libre de obstáculos. En un primer momento, poco más de 24 horas después del anuncio de Junts, fuentes socialistas en el Congreso aseguraban por los pasillos que el órgano de gobierno de la cámara baja vetaría la propuesta. Corrieron demasiado. Una semana después, los letrados del Congreso emitieron un informe avalando la iniciativa y dejaron la pelota en el terreno de la política: “Corresponde a la Mesa fijar un criterio que servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”. La primera oportunidad que tuvo para pronunciarse fue el 17 de diciembre, pero la Mesa optó por aplazar el debate y, consiguientemente, frenó la iniciativa de Junts. Todos los ojos miraron al calendario y se fijaron en una fecha: el 7 de enero, dado que la Mesa se reúne habitualmente los martes. Y así, de hecho, se pronunció Carles Puigdemont en la entrevista en TV3. Ahora bien, el Congreso espera a dar el paso y no tiene previsto tomar una decisión antes del 14 de enero. Ahora bien, de momento, las fuentes consultadas por ElNacional.cat tampoco confirman que el próximo martes haya un pronunciamiento.

Una decisión con “mucha carga jurídica” que asentará un “precedente”

La Mesa se está haciendo de rogar. En la última reunión de 2024, tenía que estudiar la iniciativa y tenía encima de la mesa un informe de los letrados que abría la puerta a aceptar la proposición no de ley. Sin embargo, el PSOE frenó la iniciativa del brazo de Sumar, dado que los dos partidos que integran el Gobierno tienen mayoría absoluta en el órgano de gobierno de la cámara baja (cinco votos frente a los cuatro del PP). Así pues, la Mesa optó finalmente por aplazar la decisión sobre qué hacer con la iniciativa de Junts con el fin de “seguir estudiándolo”. El argumento que utilizó el equipo de Francina Armengol fue que el informe de los letrados es “muy abierto” y hay que mirarlo con lupa. “La Mesa ha visto que había mucha carga jurídica en esta decisión y que podría asentar un precedente” de cara a futuras iniciativas que se parezcan, esgrimían las fuentes consultadas por ElNacional.cat. En este escenario, el camino fue decidir volver a debatirlo en la próxima reunión de la Mesa, porque retrasar la decisión “no tiene repercusión directa”.

“Corresponde a la Mesa fijar un criterio que servirá como referencia”

¿Y qué decía el informe de los letrados del Congreso? Básicamente, los servicios jurídicos de la cámara baja se abrían a aceptar la iniciativa de Junts. “Como es una proposición no de ley, el resultado de la votación no tendría impacto jurídico en la relación de confianza existente entre el poder legislativo y el ejecutivo”, apuntaba el dictamen. Eso sí, señalaba que, ante la ausencia de “precedentes de proposiciones no de ley similares”, correspondía a la Mesa “fijar un criterio que servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro”.

Asimismo, los letrados marcaban distancias con el precedente de 2013 que habían enarbolado fuentes del PSOE, escudándose en el rechazo de los letrados (hace doce años) a una iniciativa socialista instando a Mariano Rajoy a “asumir responsabilidades políticas” por haber mentido en la cámara respecto de los casos de corrupción del PP. En aquella ocasión, alegaron que era una “moción de censura encubierta”. Ahora bien, a las puertas de 2025, los letrados del Congreso trazaron diferencias entre aquella propuesta del PSOE y la iniciativa de Junts: “Una cosa es pretender que el Congreso ejerza una competencia propia (exigir la responsabilidad política) por un camino diferente del previsto (la moción de censura), y otra es instar al presidente del Gobierno a ejercer una competencia que es suya (plantear una cuestión de confianza), lo cual no deja de ser la esencia misma de una proposición no de ley”. ¿Qué decidirá ahora al PSOE? De momento, la resolución tendrá que esperar.