El Congreso de los Diputados cierra la puerta al choque institucional que ha impulsado el PP en el Senado por la tramitación de la ley de amnistía. La Mesa de la Cámara Baja ha aprobado este martes la respuesta a la petición de retirar la proposición de ley: un no rotundo. El órgano de gobierno del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, se escuda en un informe de los letrados, que sostiene que este conflicto entre órganos constitucionales implica una “clara injerencia al principio de autonomía parlamentaria”, dado que el Senado “no puede asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno de otros órganos constitucionales”, y asevera que “el conflicto planteado es improcedente” porque el Congreso “actuó correctamente, ejerciendo su propia competencia”. “El planteamiento del conflicto supondría un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar el Congreso en el ejercicio de sus atribuciones”, remacha el dictamen jurídico.

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Después de la reunión de la Mesa, el vicepresidente primero y diputado del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha animado al PP a acudir al Tribunal Constitucional: “Lo invitamos a hacerlo porque estamos seguros de que todo lo que hemos hecho y todo lo que se ha realizado por parte del Congreso es correcto”. Gómez de Celis, que ha avisado a los populares de que “les puede salir el tiro por la culata”, ha calificado el requerimiento del Senado de “deslealtad institucional sin precedentes en la historia democrática”. Además, ha acusado a la Cámara Alta de “travestirse” para “convertirse en lo que no es”, ya que “solo el Tribunal Constitucional es el competente para dirimir si alguno de los pasos dados no cumplen la Carta Magna”.

En cambio, desde el PP rompen contra la decisión adoptada por la Mesa. Fuentes populares denuncian una “nueva arbitrariedad” de la Mesa, dado que consideran que la respuesta al requerimiento del Senado lo habría tenido que dar el pleno del Congreso. Desde el PP, esgrimen que la Mesa “se ha excedido” y “ha invadido competencias del pleno”, ya que “ha hurtado” el debate parlamentario a los grupos que no tienen representación al órgano de gobierno de la Cámara Baja, que se tiene que limitar a calificar las iniciativas. Por este motivo, los populares pedían que se convocara un pleno extraordinario para aprobar la respuesta. Las mismas fuentes del PP lamentan que lo que ha hecho la Mesa es un “ataque intolerable” al Senado.

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El Senado “no puede subvertir las atribuciones legítimamente ejercidas por el Congreso”

El dictamen jurídico elaborado por los letrados del Congreso esgrime que, “bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones”, el Senado “no puede subvertir las legítimamente ejercidas por el Congreso” en el marco del procedimiento legislativo. Una pretensión que supondría “un incumplimiento directo y evidente de la doctrina del Tribunal Constitucional”. Ante la petición del Senado que el Congreso retire la ley de amnistía, los letrados son contundentes: “No existe ninguna vía reglamentaria que permita que la Mesa tenga a su alcance la posibilidad de acordar la paralización de una iniciativa legislativa en cualquier momento de su tramitación”. Y añaden que eso “implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa” y es, en consecuencia, una “manifestación de la falta de viabilidad jurídica” del requerimiento. El dictamen, que trascendió ayer, apunta directamente a la Mesa, mientras que el PP esgrime que es una decisión que hubiera tenido que pasar por el pleno.

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Los juristas también consideran “pertinente” instar al Senado a “desistir” de plantear el conflicto delante del TC y “dar cumplimiento al deber de tramitación” de la amnistía de acuerdo con el establecido a la Constitución. Además, el informe apunta que el hecho de tildar la amnistía de «reforma constitucional» o de «ley inconstitucional» pone en relieve que “la verdadera pretensión del conflicto planteado es la de procurar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la norma por parte del Tribunal Constitucional, cosa que no procede en esta fase del procedimiento legislativo”. En esta línea, los letrados denuncian que “la alegación de la supuesta existencia de diferentes vicios formales” evidencia que el conflicto planteado es, en realidad, un recurso de inconstitucionalidad “encubierto y extemporáneo”.

“La Mesa del Congreso no tiene la competencia para contestar”

La respuesta oficial del Senado todavía no ha llegado. Sin embargo, el equipo del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, elaboró ayer una nota sobre las informaciones que se publicaron después de que trascendiera el informe de los letrados del Congreso. La conclusión es clara: “La Mesa del Congreso de los Diputados no tiene la competencia para contestar el conflicto planteado por el Pleno del Senado”.

La nota, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, sostiene que “la respuesta al conflicto planteado por el Pleno del Senado la debe dar el Pleno del Congreso, sin posibilidad de residenciar esta función en ningún otro”, dado que a la Mesa le están excluidas las competencias que “sean atribuidas a un órgano específico”. El escrito acusa a la Mesa del Congreso de haber “usurpado a todos los diputados” una competencia que “solo les correspondería ejercer reunidos en sesión plenaria”. “Cualquier decisión de la Mesa que impida la legítima manifestación de cada uno de los diputados en el ejercicio de sus funciones representativas sería lesiva del derecho fundamental de representación”, concluye.