La pacificación de Catalunya fue uno de los primeros objetivos que puso encima de la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser investido el 1 de junio del 2018, después de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Cinco semanas después de llegar a la Moncloa, citó en su despacho al entonces president de la Generalitat, Quim Torra. Al cabo de seis meses fue el presidente español quien se plantó en Barcelona para celebrar la primera reunión con el gobierno catalán. El encuentro se hizo el 20 de diciembre del 2018 en el Palau de Pedralbes y el principal resultado fue una declaración en que se reconocía "la existencia de un conflicto sobre el futuro de Catalunya" o la necesidad de un "diálogo efectivo" entre los dos gobiernos. Con aquel encuentro empezaba a crecer el embrión de lo que tendría que ser la mesa de diálogo, pero el proceso de gestación no fue nada fácil.

Si la primera cita en la Moncloa tuvo que servir para romper el hielo, la del Palau de Pedralbes resultó bastante más complicada. No se salvaron ni las ponisettias amarillas que había sobre la mesa y que fueron rápidamente retiradas y sustituidas por ponisettias rojas. De entrada, los dos ejecutivos no se pusieron de acuerdo en si era una reunión de presidentes o una cumbre de los dos gobiernos, un enfoque que provocaba convulsiones en la Moncloa, que considera las cumbres como encuentros entre iguales. El caso es que primero se reunieron Quim Torra y Pedro Sánchez, y después se añadieron dos miembros de los respectivos gabinetes, que habían mantenido un encuentro en paralelo. Al final se aprobó la Declaración de Pedralbes, un documento de poco más de dos páginas, que establecía los mecanismos que tenían que articular el diálogo —ninguno de los cuales se llegó a ejecutar—, y dejaba claro que todo se tenía que llevar a cabo en un marco de "seguridad jurídica".

 

Al día siguiente de la reunión/cumbre, el mismo Sánchez tuvo la oportunidad de catar el estado de ánimo de las calles de Barcelona. La reunión del Consejo de Ministros en la Llotja de Mar obligó a blindar la ciudad, con un cordón de seguridad que vació el barrio de la Ribera y el Born, lo cual no impidió que se registraran incidentes y que las protestas se pudieran escuchar dentro del edificio dónde estaban reunidos los ministros. Había pasado poco más de un año de la celebración del referéndum del 1-O. Los miembros del gobierno encarcelados se preparaban para pasar la segunda Navidad en el centro penitenciario; faltaban menos de dos meses para al principio del juicio en el Supremo contra los líderes del procés, y el exilio todavía no había conseguido el altavoz del Parlamento Europeo.

Primera reunión

A pesar de los compromisos adquiridos en Pedralbes entre ponisettias rojas, no hubo ningún nuevo movimiento ni concreción durante meses. En concreto, hasta que en noviembre del 2019 se celebraron nuevas elecciones generales. El PSOE necesitó la abstención de ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y esta formación impuso como a condición la mesa de diálogo. A estas alturas, el juicio en el Supremo por el proceso había dictado ya sentencia, con penas de 13 años y 9 años de cárcel para los líderes independentistas. El acuerdo para la investidura de Sánchez se cerró los primeros días de enero del 2020, antes de Reyes. La reunión para "constituir la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", no se celebró hasta el 26 de febrero del 2020.

Esta vez la cita fue en la Moncloa, con presencia de nuevo de Torra y Sánchez encabezando las respectivas delegaciones, y duró tres horas. Como conclusión se aprobó un comunicado conjunto de una página, donde se recogían los acuerdos concentrados en cuatro puntos: que la mesa de diálogo se reuniría mensualmente, que los encuentros se harían alternativamente a Madrid y Barcelona, que se habilitaría una delegación por cada parte, y que los presidentes y vicepresidentes participarían cuando hubiera que ratificar acuerdos. El último punto, de nuevo, insistía en que cualquier acuerdo se formularía en el marco de la "seguridad jurídica".

 

El acuerdo, con su promesa de reuniones mensuales, dormitó durante meses en un cajón de la Moncloa. La pandemia del Covid aplazó la agenda política, pero una vez superada la crisis sanitaria, la situación continuaba igual de bloqueada. Y no solo por desinterés del Gobierno. En mayo del 2021, Pere Aragonès fue investido presidente de la Generalitat y la falta de coordinación entre las fuerzas independentistas sobre la estrategia de diálogo disparó las fricciones. Junts propuso que sus representantes en la mesa de diálogo fueran, entre otros, dos de los presos políticos, Jordi Sànchez y Jordi Turull, y ERC se negó. A partir de aquel momento, Junts se autoexcluyó de las conversaciones y la mesa pasó a ser exclusivamente una apuesta estratégica de Esquerra.

El 22 de junio del 2021 el Consejo de Ministros aprobó indultos parciales y revisables para los presos políticos, que consiguieron salir de la prisión después de más de tres años y ocho meses encarcelados. Sánchez presentó la iniciativa en un acto en el Liceu de Barcelona y Oriol Junqueras hizo pública una carta en que se comprometía a priorizar la vía negociada a la unilateral.

Segunda reunión

La segunda reunión de la mesa de diálogo se celebró en el Palau de la Generalitat el 15 de septiembre del 2021. Pedro Sánchez se desplazó también a Barcelona, y de nuevo el toma y daca protocolario volvió a estar presente. Cuando el presidente estaba ya en el Palau, fuentes de la Moncloa aseguraron que el motivo era un encuentro con Aragonès y que no tenía intención de participar en la reunión de la mesa de diálogo. Finalmente, las dos delegaciones se reunieron, y los presidentes se limitaron a entrar un momento para hacerse la foto protocolaria. No hubo resultados concretos en aquella reunión, donde Sánchez se presentó con su Agenda del reencuentro, y dejó claro que el diálogo debía continuar, pero que había que hacerlo sin fijar plazos para los acuerdos. Posteriormente, el no poner plazos se tradujo en qué no habría ninguna nueva reunión hasta que no hubiera acuerdos concretos. Con todo, el Gobierno aseguró que al principio del 2022 habría un nuevo encuentro. Pero la cita no llegó y en abril de aquel año se supo que Aragonès habría sido espiado por Pegasus, lo cual parecía enrarecer todavía más el ambiente.

El 15 de julio del 2022, Sánchez y Aragonès se reunieron de nuevo en la Moncloa y anunciaron un tercer encuentro de la mesa de diálogo, con la garantía de que se cerraría con acuerdos concretos sobre desjudicialización.

Tercera reunión

Finalmente, la mesa se volvió a reunir el 27 de julio del 2022, era la tercera cita. Y última, hasta ahora. Lideraba la parte catalana la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, mientras que el ministro Félix Bolaños encabezaba la delegación española. La reunión, que se hizo en Madrid, se cerró de nuevo sin acuerdos concretos sobre desjudicialización, aunque sí hubo una nueva declaración de intenciones con el compromiso de impulsar las reformas legislativas necesarias. Esta vez, además, la mesa incorporó una novedad, un acuerdo sobre el impulso del catalán en el Senado y en el Parlamento Europeo, un tema que en ningún momento había formado parte de la agenda, pero con el cual se intentaba dar contenido a las reuniones.

 

No ha habido más encuentros de la mesa de diálogo, pero cuatro meses después de esta última reunión, el 10 de noviembre del 2022, el presidente español anunció que el Consejo de Ministros derogaría el delito de sedición y lo sustituiría por los desórdenes públicos agravados. El desencadenante, no obstante, no fueron las negociaciones en la mesa de diálogo, sino la necesidad de Sánchez de aprobar los presupuestos del Estado para el 2023, según explicó el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián. Con todo, una vez aprobada la reforma del Código Penal, el Tribunal Supremo mantuvo la inhabilitación de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, por el delito de malversación.