La Mesa del Parlament ha iniciado los trámites para debatir la suspensión del presidente de la cámara, Gabriel Le Senne, como diputado después de la apertura de juicio oral por un presunto delito de odio. Así se ha acordado en la Mesa una semana después de la petición de Unidas Podemos y Més per Menorca, según ha detallado el portavoz del último, Josep Castells. Hace solo 1 semana, PP, PSOE y Vox pidieron a los letrados del Parlament balear la elaboración de un informe jurídico para conocer con exactitud como se tiene que actuar ante la solicitud de suspensión del diputado de Vox, que también supondría su suspensión como presidente, y si se pudiera volver a presentar una solicitud en el caso de que finalmente, sí que acabara siendo firme. En este sentido, según ha explicado Castells, si la solicitud no saliera adelante, se podría volver a presentar la petición en un futuro, ya que es un tema político y no judicial. La solicitud aprobada ahora por la Mesa, tendrá que pasar por la Comisión del Estatuto de los Diputados —en manos de PP y Vox— y, en caso de que siga adelante, se elaborará una resolución que se elevará al pleno de la Cámara para que los diputados la voten.

La portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha celebrado que se tramite la petición y ha defendido que el informe "confirma" que el escrito que presentaron "era del todo acertado" porque su formación consideraba que no teníamos que esperar. "Está aferrado a su sillón, y seguimos en manos del PP porque la suma con Vox sigue siendo mayoritaria", ha criticado.

Le Senne, acusado de un delito de odio

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma abrió juicio oral contra Le Senne, acusado de un delito de odio por haber roto una fotografía de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar, mientras se debatía la derogación de la Ley Balear de Memoria Democrática el pasado mes de junio. La resolución solicitaba también al acusado una fianza de 40.000 euros en el plazo de un día para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse durante el procedimiento. En caso de no abonarse la fía, el magistrado advirtió que se embargarían los bienes de Le Senne para asegurar la cantidad señalada. El juez ha rechazado, como solicitaba el Partido Comunista de Pueblos de España (PCPE), que Vox sea citado al juicio como responsable civil subsidiario. Según el magistrado, los hechos investigados son unas acciones del president del Parlament en las cuales no tuvo ninguna actuación este partido y tampoco consta que haya dirigido directrices sobre este tema a Le Senne.

El origen de la denuncia es el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática, durante la cual el ultraderechista Gabriel Le Senne se enfrentó a la vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa (las dos del PSIB), que tenían sobre la mesa imágenes de víctimas de la dictadura. El president balear alegó la supuesta necesidad de "preservar la neutralidad de la sala" y exigió que "retiren los retratos". Pero las socialistas se negaron a ceder a la exigencia, además de responder que las fotos estaban allí como "acto de justicia y reparación". Lamentablemente, Le Senne perdió las formas y, con violencia, arrebató la fotografía que Garrido tenía enganchada en el ordenador. Y acabó expulsando a las dos diputadas de la sala.