No hay ningún tipo de marcha atrás. Reunida este jueves con un único punto del día, la mesa del Parlament de Catalunya ha ratificado la suspensión de los derechos y deberes de la diputada Laura Borràs, así como sus atribuciones de presidenta, acordada el pasado julio. En la reunión, esta vez sin la participación de Borràs, la mayoría del órgano de gobierno de la cámara catalana ha tumbado la petición de reconsideración que había presentado Junts. Ha sido rechazada con los mismos votos que acordaron su suspensión: ERC, el PSC y la CUP. Aurora Madaula, secretaria por Junts, ha vuelto a quedarse sola.
Previamente escuchados los portavoces de todos los grupos en Junta de Portavoces, la Mesa ha acordado por una mayoría amplia no admitir a trámite la petición de Junts argumentando que no hay objeto de reconsideración, y por tanto ha avalado de forma indirecta la aplicación de el artículo 25.4 del reglamento de la cámara.
De esta manera, Junts per Catalunya ha agotado el último recurso interno del Parlamento, la petición de reconsideración, que permite revisar decisiones tomadas por la mesa. La petición fue registrada el pasado 16 de agosto, y entonces ya advertían desde el grupo parlamentario que, "siguiendo las recomendaciones del equipo jurídico de la presidenta, este procedimiento servirá para agotar todos los recorridos administrativos antes de abrir la vía judicial a Europa".
De hecho, este mismo jueves el grupo ha presentado un nuevo escrito para incluir en la petición de reconsideración la resolución de las Naciones Unidas de este miércoles, que censuraba España por haber retirado los derechos políticos a los presos independentistas sin haber condena. En los mismos términos se ha expresado el abogado de la presidenta, Gonzalo Boye, a través de las redes este jueves por la mañana: "Tan grave es lo que hizo Llarena aplicando el artículo 384 bis de la LECrim como lo que se está haciendo con el artículo 25.4 del reglamento del Parlament de Catalunya. No existe ninguna diferencia porque la vulneración del Pacto surge de la privación de derechos, no del presunto delito". Pero la nueva argumentación ha sido rechazada por la mayoría de la mesa, incluyendo ERC, que considera que comparar los casos hace un "flaco favor" al independentismo.
Desde ERC rechazan este argumento. Preguntado sobre la cuestión en una atención a los medios en Ginebra, el presidente Pere Aragonès subrayaba este miércoles que el caso de los diputados presos y el de Laura Borràs no son comparables. En este sentido, el presidente de la Generalitat sostenía que "los diputados catalanes que hoy han recibido el reconocimiento de la ONU fueron perseguidos por haber llevado a cabo el 1-O y su compromiso con la autodeterminación, mientras que la investigación que se está llevando a cabo con respecto a la diputada Laura Borràs es por un presunto delito de corrupción". E insistía en separarlo: "Precisamente para ser claros a nivel internacional en la lucha contra la represión, se tiene que separar una cuestión de la otra".