No es nuevo que la aritmética endemoniada derivada de las elecciones del 23-J pone constantemente entre las cuerdas al Gobierno. Lo testifican, por ejemplo, las 75 derrotas parlamentarias que sufrió Pedro Sánchez a lo largo del año 2024 y lo evidencia las clamorosas dificultades que tiene la Moncloa por sacar adelante sus iniciativas. Ahora, con el arranque del nuevo año político, se ha puesto de manifiesto que el Congreso de los Diputados continúa como foco de la bronca política y del lanzamiento de dardos envenenados entre partidos, pero ha reducido a la mínima expresión la elaboración de leyes. De hecho, por los pasillos de la Cámara Baja hay una constatación: los tres primeros plenos ordinarios del año han sido de dos días (cuándo suelen ser de tres) por la falta de textos legislativos que necesiten ser aprobados. En dos meses, se ha validado un real decreto ley. Nada más. Una de las causas que lo explica es que, en todo momento, los socialistas tienen que tener en cuenta dos variables: necesitan ligar los votos imprescindibles para aprobar la ley (cosa que se ha demostrado que es compleja) y, al mismo tiempo, tienen que garantizar que no habrá fugas de votos que permitan aprobar enmiendas contra su voluntad. La derogación del impuesto en la producción eléctrica, la rebaja del IVA de los yogures al 4% o la agilización de los desahucios en caso de ocupación son tres ejemplos que lo acreditan. Y, según ha podido saber ElNacional.cat, la escena se puede repetir con la prórroga de vida retributiva para las plantas de tratamiento de purines. Paso a paso.
En la Carrera de San Jerónimo, todavía está reciente el recuerdo latente del último pleno dl 2024. Fue el día en que Junts, el PNV, el PP y Vox consiguieron legislar desde los escaños rojos (la primera fila, con butacas de color azul, está reservada a los ministros). La lógica es que sea el ejecutivo quien consigue que el Congreso avale sus propuestas, dado que es el Gobierno quien lleva la iniciativa y quien controla los ritmos de la Cámara Baja. Sin embargo, en aquella ocasión, cuando se tuvieron que validar las enmiendas del Senado a la ley sobre el impuesto a las multinacionales, la imagen fue la del PP y Junts derogando el impuesto a las energéticas, bajando el IVA de los yogures al 4% y dejando exentas de IRPF y del impuesto de donaciones a las ayudas a los afectados para la DANA. El PSOE votó en contra en los tres casos, pero la alianza del PP, Junts, el PNV y Vox permitió imprimirlo en el Boletín Oficial del Estado. Quedó confirmado: la tramitación de cualquier ley abre una rendija para que el PSOE pierda el control de lo que se aprueba en el Congreso.
Sabedores de eso, los socialistas están aparcando la mayoría de las leyes que están encima de la mesa e, incluso, la mayoría de las propuestas que ellos mismos han planteado. El impacto comunicativo llega con el anuncio de la ley, aunque difícilmente acabará teniendo efectos prácticos viendo los riesgos que comporta hacer progresar la tramitación. Es lo que el PP denomina repetidamente el “congelador” de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Y es una estrategia clásica. El PSOE y Sumar controlan la mayoría de todos los órganos de decisión del Congreso (la Mesa y las mesas de las comisiones) y pueden ir prorrogando sine die los trámites de enmiendas y evitando convocar las ponencias y las comisiones para frenar cualquier aprobación. En última instancia, es el PSOE quien decide cuándo una ley puede ver la luz (después de haber llegado a un acuerdo con los actores necesarios).
De momento, no hay excesiva preocupación en el PSOE por los obstáculos a la hora de aprobar leyes. “Las grandes reformas las hicimos la pasada legislatura. No miramos lo que dejamos de hacer, miramos lo que hacemos”, esgrimen desde las filas socialistas al ser preguntadas por ElNacional.cat por esta cuestión. Las mismas voces reconocen que el PSOE “paga un precio político por conseguir cambiar cosas” y subraya que los socialistas están “centrados” en temas económicos, que son los que priorizarán en las próximas semanas y meses.
Un ejemplo práctico: la Moncloa torpedea el acuerdo entre Junts y el PP para derogar el impuesto a la producción eléctrica
El caso más evidente de toda esta realidad lo hemos vivido esta semana. Nos tenemos que remontar al pasado 9 de diciembre. En la ponencia (que se reúne a puerta cerrada) para estudiar el Proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el PP y Junts firmaron una enmienda transaccional para suspender el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. El voto a favor de ERC y el PNV permitió que se aprobara a pesar de la negativa del PSOE y Sumar. La ley se tenía que validar en la Comisión de Transición Ecológica tres días después, pero el PSOE optó por no convocarla para evitar que aquella votación acabara cristalizando. El pasado martes, 25 de febrero, dos meses y medio más tarde, el Consejo de Ministros aprobó formalmente retirar el proyecto de ley del Congreso. La Moncloa tiraba la toalla.
Y eso es la constatación de la limitada capacidad del Gobierno para legislar. En este caso, si quiere aprobar la ley que regula los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, tiene que sellar el compromiso de Junts de que no la utilizará para enmiendas que los socialistas no comparten o asumir que podrá servir de vía de entrada para retoques sin el visto bueno de los socialistas. La mayoría alternativa tiene la sartén por el mango.
La siguiente posible sacudida para el PSOE: la prórroga de vida retributiva para las plantas de tratamiento de purines
Previsiblemente, la siguiente norma que llegará al BOE será la ley sobre el desperdicio alimentario, que se votará en el pleno del Senado dentro de diez días y después volverá al Congreso. La ponencia y la comisión de la Cámara Alta la sellaron el pasado jueves y ahora afronta los últimos pasos de la tramitación. Y no es menor. Según ha podido saber ElNacional.cat, una de las enmiendas que se incorporó en la ponencia fue una transaccional firmada por el PP, Junts y ERC con la voluntad de incorporar la prórroga de vida retributiva por las plantas de tratamiento de purines. Es un texto que se aprobó en el Congreso durante la tramitación, precisamente, de la ley que regula los derechos de emisión de gases de efecto invernadero (así consta en el informe de la ponencia) y que había caído en saco roto a raíz de la decisión de la Moncloa de retirar la norma. El PSOE volvió a votar en contra en el Senado. Y ahora volverá a quedar a merced de la votación al Congreso: si la enmienda obtiene los votos necesarios, llegará al BOE a pesar del rechazo de los socialistas y sin que ellos lo puedan impedir porque la ley ya no tiene marcha atrás. Una demostración más de los riesgos de cualquier tramitación.
El objetivo de la enmienda es prorrogar la vida útil de las plantas de tratamiento de purines para no dejar buena parte de las granjas ganaderas sin alternativa medioambiental eficiente a la hora de tratar los purines. Lo que reclama Junts, en palabras de Pilar Calvo, es “garantizar un puente de dos años para que la cogeneración integre las nuevas plantas de biogás en el tratamiento de purines”. Si se cierran las plantas, se pondrá en riesgo la supervivencia de centenares de explotaciones porcinas, que se verán abocadas al abandono si no pueden dar salida a los purines. En la justificación de motivos de la enmienda, Junts alegaba que el nuevo marco en la inversión en cogeneración se ha retrasado dos años a causa de la crisis energética derivada la guerra en Ucrania y eso ha hecho que las plantas de tratamiento de purines con cogeneración que acaban su vida útil reguladora en 2024 “no hayan podido realizar un nuevo ciclo de inversiones a través de subastas”, no puedan “garantizar su aportación ambiental” y sufran una “clara pérdida de competitividad del sector y de eficiencia energética” y un “incremento de las emisiones”.
La reclamación de agilizar los desahucios en caso de ocupació
Otro ejemplo: la vivienda. En más de una votación se ha constatado la complicidad entre el PP, Junts, el PNV y Vox para promover desahucios entre 24 y 48 horas en casos de ocupación. De hecho, en noviembre ya se aprobó una enmienda en este sentido. Nuevamente, reflotaba la mayoría alternativa. En aquel momento, fue una enmienda del PNV la que recibió luz verde y que se introdujo a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. El redactado estipulaba que los delitos de usurpación de domicilio y de allanamiento de morada pasen a tramitarse por el procedimiento abreviado de los procesos judiciales (los llamados juicios rápidos), cosa que permitirá agilizar su resolución. A causa de la ausencia de algunos diputados en la votación, la enmienda se aprobó gracias al voto a favor por error de ERC y Bildu, que reconocieron posteriormente que se habían equivocado. Pero ya era muy difícil revertirlo. Más tarde, Podemos acordó con el PSOE la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables, cosa que se incluyó en el decreto ómnibus que se tumbó en enero en el Congreso. Posteriormente, Junts pactó con los socialistas incorporar un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.
La votación de la enmienda del PNV no fue la única sobre esta materia. Ahora hace un año, el Senado tomó en consideración y envió al Congreso una ley impulsada por el PP para endurecer las penas por ocupació ilegal, facilitar el desalojo de los ocupas en 24 horas, impedir el empadronamiento en las viviendas ocupadas y habilitar las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales. Doce meses después, la ley continúa obstaculizada por el PSOE. Lo cierto es que en la Cámara Alta, el PNV y Junts se abstuvieron, cosa que abriría la puerta a que fuera aprobada en la Cámara Baja. Eso sí, como es orgánica, los juntaires o los jeltzales tendrían que votar a favor para alcanzar la mayoría absoluta necesaria.
Y hace dos semanas, en una iniciativa no legislativa, el Congreso reafirmó el posicionamiento. El PP, Vox, Junts y el PNV aprobaron un punto de una moción (que no tiene carácter vinculante) que instaba la Moncloa a “luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y el nuevo fenómeno de la inquiocupación, haciendo que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24-48 horas”. Ante una nueva constatación de la mayoría alternativa, cualquier ley en materia de vivienda que se tramite en el Congreso ofrecerá una plataforma para aprobar enmiendas en este sentido. Y eso es lo que teme al PSOE.