El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado este jueves en libertad provisional a la miembro del CDR Tamara C., que será investigada por delito de desórdenes públicos, pero no de terrorismo, sedición o rebelión, como pedía el ministerio público, según informan fuentes jurídicas. Por tanto, se enfrenta a una pena que abarca los seis meses a tres años de prisión, tras una declaración que ha durado más de media hora y ha empezado con retraso, a partir de las 13.30h, aunque estaba citada a las 10h, después de dormir dos noches en el calabozo.
A Tamara se le aplicarán medidas cautelares que pasan por: prohibición de salir del municipio de Viladecans, menos para cuando tenga que trasladarse al lugar de trabajo, si es que este estuviera fuera de la localidad; presentación todos los lunes ante el juzgado de guardia; prohibición de salir del territorio estatal, aunque lo podrá hacer con una autorización, si fuera por motivos justificados; además de retirada de pasaporte. El resto de detalles del auto, sin embargo, no se conocen de momento porque está bajo secreto, según las fuentes consultadas.
En último lugar, el juez De Egea ha pedido una orden de detención para el otro miembro del CDR de Esplugues, que no se ha personado en el juzgado y que también era investigado por los mismos hechos.
La cuestión es que la decisión no ha complacido a la fiscalía, quien ha pedido prisión provisional para la detenida —ante las pruebas recabadas por parte de la Guardia Civil—. "Eso como presunta responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión, sin perjuicio de las ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación", expone.
"La investigada habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos, con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, como una clara amenaza directa al orden constitucional establecido", añade.
En último lugar, señala "la gravedad de las penas que los hechos conlleva, además del riesgo de reiteración delictiva, dadas las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar, unido a la finalidad de evitar la destrucción de pruebas por la actitud ya acreditada de la misma, determinan la necesidad de la medida cautelar solicitada".