Permitieron el debate parlamentario y no impidieron la actuación del Tribunal Constitucional (TC) son los dos argumentos fundamentales que los abogados de los cuatro miembros de Junts y ERC de la Mesa del Parlament del 2017 han reivindicado para pedir su absolución, este jueves al mediodía, en la repetición del juicio contra Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, en el TSJC. Ninguno de los cuatro ha hecho uso del turno a la última palabra, y el juicio ha quedado visto por sentencia.
Por el contrario, el fiscal, la abogada del Estado y el abogado de Vox han pedido que sean condenados por desobediencia al TC, a 20 meses de inhabilitación a cargo público y multa de 30.000 euros, como ya hizo otro tribunal del TSJC, en octubre de 2020. El teniente fiscal Pedro Ariche ha acusado a los miembros de la Mesa, presidida por Carme Forcadell, de "supeditarse completamente al poder ejecutivo y a los intereses del Gobierno y la ruptura con el Estado".
Dilaciones indebidas
La abogada de los tres encausados de JuntsxSi, Judit Gené, ha pedido su absolución al asegurar que su actuación consistió en "un acto parlamentario y no en un acto administrativo u organizativo", y, por lo tanto, tienen que estar "protegidos por su inviolabilidad parlamentaria", a pesar de que -ha insistido- hay tribunales españoles que ya se lo han denegado.
Además, Gené ha añadido que "¡ya han cumplido la condena y tres veces"!, por la actual repetición del juicio en el TSJC, y porque el Tribunal Supremo ha tardado 2 años a responder sus recursos, y que puede volver a pasar ahora. Por eso, ha pedido al tribunal del TSJC que si los vuelve a condenar, "modulen la pena en cada uno de ellos" y les apliquen las dilaciones indebidas "muy cualificadas", a más de otros atenuados, como el estado de necesidad. Raimón Tomàs, abogado de Anna Simó, ha compartido la defensa y ha recordado que los encovados "han declarado hasta seis veces", en los procedimientos penales por los actos del otoño del 2017.
La "trampa" de las acusaciones
En su informe, Judit Gené ha defendido que las actuaciones de la Mesa del Parlament son actos parlamentarios y ha puesto un ejemplo claro: las actas de la Mesa fueron recurridas al Tribunal Constitucional y si hubieran sido administrativas habrían ido a tribunales del contencioso-administrativo. Gené ha exigido al fiscal y el resto de acusaciones que "no hagan trampa", haciendo referencia que todo está escrito en actos y que en el caso referido del 2010 que la Mesa del Parlament rehusó la propuesta para votar la independencia de Catalunya porque era una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), y "tiene un trámite diferente".
La penalista ha insistido en que Coromimas, Barrufet y Guinó "permitieron un debate parlamentario y no escribieron ninguna ley". En este sentido, ha expuesto que ciertamente fueron asesorados por los letrados del Parlament y admitieron a trámite iniciativas y que "a lo mejor bajo error" creyeron que tenían que priorizar el debate. Además, Gené ha destacado en el cambio doctrina del TC y que con su actuación, los encausados "no impidieron la actuación del Tribunal Constitucional", ya que una vez acabado el debate en el Parlament puede suspender lo que se ha aprobado, como ya hizo con las leyes de desconexión el mismo 7 de septiembre de 2017. La abogada también ha declarado en que los mandatos del TC "no eran claros" y que "si quería evitar el debate parlamentario de inicio de mandato, que lo dijera claro". Además, ha remarcado en que las leyes de desconexión fueron presentadas por los grupos de JuntxSi y la CUP, y la Mesa del Parlament no hizo nada.
Colisión de poderes
Por su parte, Raimon Tomàs, abogado de la republicana Anna Simó, ha insistido en que ella y los otros miembros de la Mesa "permitieron el debate parlamentario" y ha hecho referencia a los distintos votos particulares en el TC, y ha citado el del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, bastante crítico con la condena del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes, como también el recibo por Quim Torra, que tuvo que renunciar a su acta de diputado en todo el mandato.
"Es la colisión de deberes de dos poderes, y no hay uno por encima del otro", ha manifestado Tomàs, que también ha declarado en que en la época juzgada el TC cambió su doctrina, y que desea que ahora la vuelva a cambiar para no coartar el debate parlamentario y la libertad de expresión.