Días decisivos en la causa por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado. El juez Ángel Hurtado aprieta el acelerador y concentrará las declaraciones de doce testigos en las próximas dos semanas mientras espera novedades de los informes de la Guardia Civil sobre los móviles de Álvaro García Ortiz. El magistrado está investigando si fue él quién filtró a los medios de comunicación el correo en el que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba que había cometido dos delitos fiscales. Inicialmente, la causa que se abrió en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid giraba en torno a la nota informativa que difundió la Fiscalía de Madrid con la cronología del caso, pero cuando el tema llegó al Supremo, el Alto Tribunal consideró que, ante el “conocimiento público de los hechos”, al comunicado no contenía “información indebidamente revelada” y decidió poner la lupa en el “perjuicio” que apreció en la revelación previa a los medios de comunicación del correo entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador. Y aquí es donde está el tuétano.
Uno de los protagonistas es el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que fue a quien, para exculpar a González Amador, difundió que había sido el fiscal quien le había ofrecido un pacto (cuándo realmente había estado al revés). Declara este miércoles como testigo y, por lo tanto, estará obligado a decir la verdad. Lo seguirán, también citados como testigos, ocho periodistas, dos fiscales y los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado. Son pasos que el juez da con “carácter previo a la toma de declaración de los investigados”, según reconocía él mismo en el auto, cosa que hace pensar que en las próximas semanas citará a declarar a Álvaro García Ortiz como investigado.
“Miguel Ángel Rodríguez tuvo acceso a los correos electrónicos que constituyen objeto de análisis en el actual procedimiento (o, al menos, a algunos de ellos) antes que los investigados” y “propagó información manifiestamente falsa a propósito de la actuación desarrollada por la Fiscalía”, esgrimió la Abogacía del Estado (la defensa de Álvaro García Ortiz) para justificar la necesidad de tomarle declaración como testigo. Con esta citación, sumada a los ocho periodistas, la Abogacía del Estado quiere determinar “quién fue el primero en difundir” el contenido del correo electrónico controvertido.
👤 Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de Ayuso que era portavoz de Aznar y recetaba un “fusilamiento” a Mas
Filtraciones y noticias la noche del 13 de marzo
Nos tenemos que remontar al 13 de marzo. A las 21.29 horas, El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, una noticia que activó la maquinaria de la Fiscalía General del Estado para conseguir los correos electrónicos entre la defensa de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso, Julián Salto. El fiscal del Estado siempre ha dicho que pidió la información para elaborar la nota informativa que desmintiera el relato del entorno de Ayuso. A las 22.10 horas, La Sexta informó de que era al revés y que Alberto González Amador había sido quien había ofrecido un pacto a la Fiscalía. Posteriormente, la Cadena SER y El País informaron en el mismo sentido. Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez (fiscal jefe provincial de Madrid, también investigada) recibieron los correos a las 21.59 horas y argumentaron en uno de los escritos remitidos al juez que era “ilusorio” que en once minutos hubiera habido tiempo a filtrar el contenido y que La Sexta preparara la noticia.
“Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por e-mail un acuerdo a González. Antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes «de arriba» para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”, publicó en X Miguel Ángel Rodríguez aquel mismo día por la noche. Reafirmaba su relato después de que los primeros medios le desmintieran.Y en todo momento ha contado con el aval de Isabel Díaz Ayuso: “Si tiene el beneplácito del susodicho, no veo dónde está el problema. Mi jefe de gabinete, por mi parte, puede explicar lo que quiera. Que me defienda es normal, quien no tiene derecho a filtrar estas informaciones es el fiscal general”, defendió el 16 de diciembre en una entrevista en la Mirada Crítica de Telecinco.
🗓️ Del correo de la pareja de Ayuso al Supremo: ocho meses y un fiscal del Estado investigado por primera vez
Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes "de arriba" para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio.
— MÁR (@marodriguezb) March 13, 2024
La Moncloa, en tromba contra Miguel Ángel Rodríguez
En paral·lel, desde la Moncloa disparan contra Miguel Ángel Rodríguez. “Fue el primero que filtró el correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso reconociendo que había cometido dos delitos. Omitió otros correos electrónicos para dar lugar a confusión y explicar una cosa que no era verdad. Y por eso se tuvo que explicar la verdad”, argumentó a principios de diciembre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños, que considera que Miguel Ángel Rodríguez es un “testigo fundamental” para la causa. “Espero que explique toda la verdad y se acabe este episodio. Como los juzgados en España se pongan a investigar todas las filtraciones, no hay suficientes juzgados en España”, añadió el ministro de Transformación Digital, Óscar López, un día antes de ser proclamado líder del PSOE de Madrid. Y justo ayer, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confió en que, con la declaración de la jefe de gabinete de Ayuso, la verdad “vaya p’alante”, que es la expresión que él siempre usa, y reiteró que la Moncloa está “al lado de quien defiende la verdad y no de quién propaga los bulos”.
El testimonio de dos fiscales y de dos jefes de prensa
Después de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y de los periodistas, la siguiente cita en el calendario será el jueves 16 de enero: están citados como testigos Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, y Julián Salto, el fiscal de Delitos Económicos que denunció a Alberto González Amador. Previsiblemente, él explicará lo mismo que relató en junio en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En aquella ocasión, declaró como investigado, aunque la causa contra él se archivó más tarde. “A las 21.43 horas [del 13 de marzo], me suena el teléfono y la fiscal jefe provincial me dice que el fiscal general necesita saber la información de este expediente. Y me dice que tengo que buscar la manera de darle cuenta ahora”, relató, según la declaración judicial a la que accedió El País. “A mí me parece una orden legal, que me diga que le explique qué ha pasado, a qué nos hemos comprometido y cuál ha sido mi actuación, sobre todo porque en la prensa están explicando una información que no es verdad”, esgrimió.
“Ella me dice que le ponga a su disposición los correos electrónicos, y yo los pongo a su disposición, porque sigo pensando que es una orden legítima y que tengo obligación de dar cuenta”, añadió. Y reiteró que no recibió “ningún orden, sugerencia o instrucción de no llegar a un pacto” con Alberto González Amador. “Nadie me ha presionado absolutamente”, remachó. El próximo 16 de enero, siete meses después, tendrá que declarar en el Tribunal Supremo, ahora en condición de testigo.
Finalmente, el martes 21 de enero será el turno de dos jefes de prensa relacionados con el caso: Íñigo Corral (de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que ya declaró al TSJM) y Mar Hedo (de la Fiscalía General del Estado). El juez quiere que Íñigo Corral comparezca para dar explicaciones sobre el “intercambio de comunicaciones” que tuvo con Mar Hedo, después de que se mostrara voluntario al “volcado de las comunicaciones que mantuvo con ella”. Por su parte, el magistrado justifica la declaración de Mar Hedo en el hecho de que es la “responsable de comunicación” de la Fiscalía General del Estado, de donde “apunta que pudiera haber salido la información litigiosa”.
El juez pide al UCO que intente recuperar los mensajes de Álvaro García Ortiz: los suprimió y cambió de móvil
El otro foco de interés de la causa en los próximos días y semanas serán las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El último encargo que ha recibido fue a menos de 24 horas de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez: el juez le ha pedido que intente recuperar el contenido de los mensajes de dos teléfonos móvil de Álvaro García Ortiz. Además, en la misma resolución, el juez Ángel Hurtado solicitó a Movistar y Vodafone que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibimientos entre el 8 y el 14 de marzo, así como los titulares de las líneas, los paquetes de datos emitidos y recibidos y la identificación del receptor y el emisor.
El movimiento del magistrado llegó después de dos informes de la UCO. La semana pasada, la Guardia Civil concluyó que el fiscal general del Estado cambió de móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo encausara y siete días antes de que se registrara su despacho. Previamente, había encontrado “cero mensajes” entre el 8 y el 14 de marzo en aplicaciones de mensajería instantánea del móvil de Álvaro García Ortiz. Más tarde, la Fiscalía admitió que el fiscal del Estado borró “personalmente” los mensajes del móvil en una acción enmarcada en un “borrado cíclico” por razones de seguridad y de protección de datos.
Un único testigo hasta ahora: Juan Lobato aportó la conversación de WhatsApp con la mano derecha del jefe de gabinete de Sánchez
De momento, el único testigo que ha comparecido ante el juez Ángel Hurtado fue el exlíder del PSOE de Madrid. Juan Lobato aportó su móvil y el acta notarial de las conversaciones con la Moncloa, un documento que reflejaba una conversación del 14 de marzo entre Lobato y Pilar Sánchez Acera, la mano derecha del entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la que ella le ofrecía el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Se lo envió antes de que la captura de pantalla saliera publicada a la prensa. “La imagen de la carta es potente. Vigila con los datos personales. Se puede sacar”, le dijo la asesora de la Moncloa. En su respuesta, Juan Lobato le expresó sus dudas: “¿Pero se ha publicado en algún sitio? ¿Cómo la tenemos?”. Más tarde, la Guardia Civil confirmó que la Moncloa y el PSOE tenían el correo de la pareja de Ayuso antes que los medios de comunicación y señaló especialmente a dos cargos más que habrían accedido al intercambio de correos: Francesc Vallès (el entonces secretario de Estado de Comunicación) y Ion Antolín (exdirector de comunicación del PSOE).