Las bases de ERC tienen en sus manos decidir si el primer secretario del PSC, Salvador Illa, asume la presidencia de la Generalitat. Más de 8.500 militantes tendrán que dar luz verde al acuerdo cerrado por los negociadores de ERC, que la dirección del partido avaló después de una reunión maratoniana este lunes. El acuerdo tiene como eje central una nueva financiación para Catalunya, que recoge la propuesta que ya pactó al tripartito en el 2005 en el texto del Estatut aprobado en el Parlament, y cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de la ejecutiva republicana y de los miembros del Govern y cargos del partido. No obstante, en contra del pacto se han manifestado numerosas voces del territorio y el argumento central que esgrimen es la falta de credibilidad de los socialistas, a raíz de los reiterados incumplimientos, y la negativa a abrir la puerta del Govern a Salvador Illa, después de que se posicionara a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Catalunya y se manifestó con Sociedad Civil Catalana en contra del procés independentista.

La consulta se pondrá en marcha a las 10 horas de la mañana y se cerrará a las 19 horas; los militantes podrán votar sí, no o abstención; y aunque en un primer momento se anunció que sería presencial y telemática, la votación será totalmente online. No obstante, se habilitarán sedes presenciales para facilitar votar telemáticamente a aquellas personas que lo necesiten dentro del mismo horario de la votación. La previsión es que ERC haga públicos los resultados en una rueda de prensa a las 19,30 horas. La votación y el recuento se ha encargado a una empresa de blockchain.

Cúpula movilizada

En las últimas horas, los apoyos al acuerdo han surgido en cascada desde la dirección del partido, los grupos parlamentarios de Congreso y Parlament, el Govern y los diferentes niveles de cargos de la formación. La contundencia con que la cúpula del partido se ha posicionado a favor del acuerdo liderado por la secretaria general, Marta Rovira, convierte también esta consulta en todo un desafío a la dirección de Esquerra, con la vista puesta al congreso del próximo mes de noviembre. De hecho, el expresidente del partido, Oriol Junqueras, una de las voces más esperadas para posicionarse después de haberse mantenido al margen de las negociaciones, esperó tres días para exponer su opinión y lo hizo para recoger las reticencias de los contrarios al acuerdo y puntualizar que en caso de que los socialistas no cumplan, se les retirará el apoyo en el Govern y en la Moncloa. La opinión de Junqueras, que ha sido descrita como ambigua por los medios de comunicación, es, según Rovira, un aval al pacto cerrado con el PSC.

El PSC ya ha confirmado el acuerdo con los Comuns, lo cual supone que sumará a los 42 diputados de los que disponen los socialistas, los 6 de Jéssica Albiach. Los 20 diputados de ERC son imprescindibles para garantizar la mayoría absoluta para investir a Illa. En este punto hay que recordar que las juventudes de ERC han convocado un consejo nacional para decidir su voto, teniendo en cuenta que disponen de una diputada, Mar Besses, la decisión de las JERC es también significativa, dado que, en caso de abstenerse, provocaría un empate de votos a favor y en contra de la investidura.

Otro elemento que impactará en el debate es el anunciado retorno del president en el exilio, Carles Puigdemont, y su más que previsible detención. Puigdemont aseguró el sábado pasado desde la Catalunya Nord que, cuando se convoque el pleno de investidura, volverá, "le pese a quien le pese". En caso de que les bases avalen la investidura de Illa el pleno se podría convocar para el miércoles, después de reunir el martes a la Diputación Permanente, que se encarga del gobierno de la cámara cuando acaba el periodo de sesiones. El escenario se perfila tan complicado que no se descarta la posibilidad de una suspensión del pleno en caso de que se produjera una detención.

Financiación

El eje central del acuerdo que votarán las bases es la propuesta para una nueva financiación autonómica que tendría que dejar a Catalunya fuera del régimen común. Se trata de una propuesta que recoge un modelo casi idéntico al que acordó el tripartito de Pasqual Maragall en la primera versión del Estatut, aprobada por el Parlament el 30 de septiembre del 2005. En la introducción del pacto se explica que aquel texto ha inspirado la propuesta —que en algún punto es literal, aunque el presente acuerdo es mucho menos detallado.

"La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya corresponden a la Agencia Tributaria de Catalunya, salvo los de naturaleza local". Esta declaración de principios que aparece en el apartado B del preacuerdo entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa es literalmente el artículo 205.1 del Estatut que aprobó el Parlament en el 2015, durante el gobierno tripartito. Aquel texto, acordado en Catalunya, fue posteriormente recortado en el Congreso de los diputados en un proceso que el socialista Alfonso Guerra definió como "pasar el cepillo". Finalmente, y ante la negativa del PSOE a aceptar el texto negociado por los partidos catalanes, la solución que permitió sacar adelante el Estatut en Madrid salió de una reunión en la Moncloa entre el presidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, —que meses atrás había asegurado que apoyaría al Estatuto que saliera del Parlament— y el líder de CiU, Artur Mas.

Sin concierto

El texto aprobado por el Parlament en 2005 preveía también un modelo de financiación al margen del sistema común, pero no hablaba de un concierto económico, para evitar las reticencias del PSC ni preveía ningún cupo similar al vasco, como tampoco está previsto en el presente acuerdo. De hecho, planteaba la misma fórmula por lo que respecta a la aportación catalana a las finanzas del Estado, que ha de contemplar "la aportación por el coste de servicios que el Estado presta a Catalunya y la aportación a la solidaridad".

Por lo que respecta a la aportación de Catalunya al Estado en compensación a sus gastos en territorio catalán, los dos textos hablan de establecer un "porcentaje de participación" del Estado en los impuestos cedidos, mientras que, por lo que respecta a la solidaridad, que no está contemplada por el cupo vasco, prevé en términos casi idénticos al Estatuto del Parlament, que "la Generalitat tiene que contribuir a la solidaridad con las otras comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a término un esfuerzo fiscal también similar". Esta referencia al esfuerzo fiscal similar al que contemplaba el Estatut, sobrevivió al cepillado del Congreso, pero fue fulminada por el Tribunal Constitucional, cuatro años más tarde, y vuelve a aparecer en este texto.

El acuerdo para investir a Illa rebaja las expectativas por lo que respecta la capacidad normativa, dado que mientras el Estatut del 2005 aseguraba que Catalunya tiene que tener "capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Catalunya en el marco de las competencias del Estado y de la UE", el pacto cerrado para investir al líder del PSC sitúa entre los objetivos "el aumento sustancial por parte de la Generalitat de Catalunya de la capacidad normativa tributaria con coordinación con el Estado y la UE". Las dos propuestas sitúan la Agencia Tributaria como clave para la gestión de los impuestos.

Procés y lengua

Aparte de la financiación, la negociación tiene tres capítulos más. En la carpeta dedicada al procés independentista se prevé crear una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, que se tendría que constituir en el primer pleno del Parlament posterior a la constitución del nuevo Govern y estaría presidida por Esquerra.

Por lo que respecta al catalán, se propone, entre otros puntos, dar a la Política Lingüística el rango de Departament.