El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación no tiene ninguna objeción sobre el texto de los decretos de creación de tres delegaciones de la Generalitat en el extranjero --concretamente en Argentina, Túnez y México-- porque los textos incluirán una serie de enmiendas propuestas por el propio Ministerio, según fuentes del Departamento consultadas por Europa Press.

Eso sí, las mismas fuentes recuerdan que el Gobierno puede pedir judicialmente el cierre de delegaciones si considera que su actividad vulnera la legalidad o que es contraria a los intereses de España.

Los nuevos decretos dejan sin efecto el recurso judicial que Exteriores había presentado en septiembre contra la creación de estas oficinas en México, Argentina y Túnez. Por primera vez, Exteriores pidió la paralización cautelar de delegaciones de la Generalitat y el TSJC aceptó la petición y frenó su apertura.

La paralización cautelar queda sin efecto

Ahora, las nuevas normas también dejan sin efecto esa medida cautelar, de manera que las oficinas podrán abrir normalmente. Según las fuentes consultadas, antes de aprobarlas, la Generalitat las envió al Ministerio para recabar el informe preceptivo según la Ley de Acción Exterior de 2014.

Este informe no es vinculante y en el pasado el Govern ha abierto varias delegaciones pese a tener una opinión contraria del Departamento que entonces dirigía Josep Borrell. Sin embargo, en esta ocasión, Exteriores propuso una serie de correcciones que la Generalitat aceptó e incorporó a los decretos aprobados, de manera que el Gobierno no tiene objeciones respecto a su "literalidad".

Las enmiendas, según estas fuentes, son para deslindar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales de la proyección exterior que pueda hacer Catalunya de sus competencias estatutarias.

Cuando se abran estas tres oficinas, la Generalitat contará con un total de 16 delegaciones en el exterior, incluida la de Bruselas, dedicada a la UE. Ésta fue precisamente la única que no se cerró cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución a Catalunya.

Primer grupo de delegaciones reabiertas

Levantada la aplicación del artículo 155, la Generalitat reabrió en el verano de 2018 una primera tanda de delegaciones sin pedir informe previo a Exteriores, alegando que se trataba de una reapertura. Por ese motivo, el Gobierno las recurrió ante el TSJC.

Sin embargo, el pasado 25 septiembre la Generalitat aprobó seis nuevos decretos para dar "seguridad jurídica" a estas delegaciones, y Exteriores no los recurrió. Son las situadas en Londres, París, Washington, Roma, Berlín y Ginebra.

Poco antes, en julio, el Ministerio había pedido al TSJC que paralizase cautelarmente la actividad de las de Londres, Berlín y Ginebra por considerar que actuaban en favor del proyecto independentista y vulnerando la competencia estatal en las relaciones internacionales. El TSJC rechazó la petición por extemporánea, alegando que debía haberse presentado en el momento de recurrir la creación de esas oficinas.

El segundo grupo de oficinas se había creado en otoño de 2018, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut, a pesar de tener un informe en contra de Exteriores. El Departamento consideró que "su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, era "apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España".

El tercero llegó en junio de 2019, cuando el Govern anunció nuevas oficinas en Túnez, Argentina y México. Exteriores las recurrió en septiembre, esta vez pidiendo su paralización cautelar, argumentando que estas delegaciones son "herramientas necesarias" para que el Gobierno catalán lleve a cabo su política para la "separación de España".

Una satisfacción importante para Borrell

La Abogacía del Estado alegó que la creación de las delegaciones no podía analizarse solo desde el punto de vista "formal o literal", sino que debe "encuadrarse en las actuaciones" de la Generalitat en los últimos meses y años.

El TSJC concedió las medidas cautelares en noviembre y Josep Borrell, que en aquel momento cumplía sus últimos días como ministro en funciones antes de tomar posesión como alto representante de la UE, reconoció que para él fue una "satisfacción importante".