El Ministerio de Interior no habría aplicado correctamente el reglamento europeo de comercialización y utilización de explosivos, lo que habría permitido detectar que se estaban preparando unos atentados en Cataluña, según concluyen las defensas de las víctimas del atentado de Barcelona del 17 de agosto del 2017.
Al detalle, este reglamento se aplica en España desde septiembre 2014. Además, desde el 26 de junio del 2015 también estaba vigente el Plan de Protección y Prevención Terrorista que situaba el país en el nivel 4 de alerta terrorista, que debía gestionar el ministerio de Interior. Por ello, era "encargado de tomar todas las medidas de seguridad para prevenir ataques terroristas", expone el escrito de la defensa de un niño de 3 años que murió en el ataque de la Rambla, que publica el diario Público.
Compra de explosivos
"No impidió, controló, supervisó o alertó sobre la comercialización y utilización de estos precusores de explosivos en el mercado libre, como ordena dicho Reglamento, (UE) permitiendo que unos jóvenes de Ripoll compraran sin ningún tipo de control precursores de explosivos que ya se habían sido utilizados en los atentados de París y Bélgica", se resalta en el escrito, donde se añade que estos productos se compraron en diferentes establecimientos de Barcelona, Tarragona y Castelló. Esto conllevó que pudieran reunir entre 200 y 500 explosivos en una vivienda de Alcanar.
Un cartel que colocaron unas personas en la Rambla durante la conmemoración del segundo año de los atentados / Carles Palacio
Precisamente, estas compras son la demostración que no se siguió la normativa de detección de compra de explosivos para posibles ataques terroristas. En concreto, se realizaron con la documentación de Said Ben Iazza, uno de los detenidos, a través de la cual los presuntos autores adquirieron, sin ningún tipo de problema, 400 litros de peróxido, 500 litros de acetona, 25 litros de ácido sulfúrico, 20 bombonas de gas GLP, así como material de laboratorio y electrónico para los detonadores.
Por todo ello, la defensa añade que sorprende "la abrumadora facilidad con la que un grupo de jóvenes pudieron hacerse con grandes cantidades de productos que pueden ser convertidos, con relativa sencillez, en explosivos de gran potencia".
Además, también pone de relieve que "inexplicablemente ha sido omitido en todos los informes policiales".