El traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat está provocando muchas reacciones en los últimos días. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha contradicho la postura de Junts per Catalunya y ha afirmado que a pesar de la lectura que hacen algunos medios, la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat fruto del acuerdo entre el PSOE y Junts no implica hacer del catalán un requisito para la obtención de permisos. En una entrevista este jueves en Onda Cero ha advertido que "la lengua no es un requisito para denegar un permiso, expulsar a una persona o prohibir la entrada a nuestro país". Y ha detallado que a esta delegación de competencias que el Gobierno ha hecho en Catalunya "se le aplicará la normativa vigente en materia lingüística". En este sentido, ha recordado que el marco es la ley de extranjería, donde "el conocimiento de la lengua no es un requisito", aunque ha matizado que "la lengua es una palanca importantísima para la inclusión en una sociedad".
Paso adelante en la gestión de inmigración
Elma Saiz ha reivindicado que "el marco normativo está absolutamente claro", y "las normas son para cumplirlas". "Tenemos un marco jurídico, y cada uno tiene sus competencias", ha afirmado. La ministra ha evitado pronunciarse sobre si estaría de acuerdo con un recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Parlament de Catalunya aprobara una legislación que exija el conocimiento del catalán. "Eso lo dejaría a los abogados del Estado, que son los que conocen perfectamente las competencias y la normativa vigente en cada uno de los territorios" ha afirmado.
Ante las críticas de algunos partidos políticos por el traspaso de competencias, la ministra ha instado a la ciudadanía a "leer con tranquilidad la exposición de motivos" de la ley, que habla de un nuevo contrato social para proteger a los inmigrantes ante la vulneración de sus derechos. Y ha reiterado que se trata de una ley que "garantiza la protección de los derechos humanos". También ha recordado que la colaboración entre cuerpos policiales "es una prueba de que el Estado funciona". En la línea del Gobierno, ha afirmado que hay que ver el acuerdo en clave positiva que permite a Catalunya dar "un paso adelante" con la gestión de las competencias en inmigración, una materia "compleja" que supone "una responsabilidad". "Que una administración local o autonómica se implique en esta responsabilidad facilitará la vida de las personas", ha sentenciado. También ha aprovechado para recordar la aportación de la inmigración a la economía y la sociedad ante las "mentiras y desinformaciones" que dicen que las personas extranjeras colapsan los servicios sociales.
Podemos ya ha anunciado que no dará su apoyo a la delegación de la inmigración en Catalunya, y reclama que el Congreso de los Diputados apruebe una iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de inmigrantes. Saiz ha afirmado que es "absolutamente positivo" que la ILP "exista y se discuta" en el Congreso. "Soy optimista, y las fuerzas progresistas nos pondremos de acuerdo".