Pelotas fuera y sin detalles. La ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha aclarado si el Gobierno pedirá que se ejecute la sentencia del 25% de castellano, una vez se agoten los dos meses que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado al Departament de Educació para implementarla en todos los centros educativos del país. "En un estado de derecho, las sentencias están para cumplirlas. Pero no sabemos qué alegaciones presentará la Generalitat y, por lo tanto, no puedo aventurar nada", ha declarado Llop este mediodía, después de una reunión con la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. La consellera Ciuró sí que ha declarado que "la inmersión lingüística es un modelo de éxito en Catalunya", en la sede del departament. Los periodistas han insistido en reclamar más concreción a la ministra, que ha añadido que "en el ámbito educativo y en la política, las lenguas no tienen que servir para enfrentarse", pero que es "la Abogacía del Estado" la responsable de decidir si pedirá al alto tribunal catalán que obligue al Departament de Educació a hacer este cambio y implantar cuotas en los centros.
Además, la ministra de Justicia ha cerrado la puerta a la reforma de los delitos de rebelión y sedición, que la consellera Ciuró ha expuesto que se lo ha pedido en la reunión, haciendo cumplir así las resoluciones del Consejo de Europa. "Solamente estamos obligados a cumplir las sentencias de los tribunales europeos", ha asegurado Llop y ha añadido que el gobierno de Pedro Sánchez "ahora tiene otras prioridades, como son la aprobación de diferentes leyes, como la de la vivienda y la reforma laboral, para fomentar la recuperación" del Estado español. El president Aragonès calificó la sentencia del castellano de "155 educativo".
Complemento para los jueces
Con respecto al complemento económico para los jueces que ejercen en Catalunya para evitar el gran número de vacantes, que la sala de gobierno del TSJC y todas las asociaciones judiciales le han pedido, la ministra solamente ha detallado que "está en estudio". Llop ha explicado que ha pedido al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, "un estudio de los motivos de esta fuga de talentos judiciales", y también ha avanzado que este complemento lo podrían cobrar otros funcionarios del ámbito de la Justicia, como los fiscales. Antes del encuentro con la consellera, la ministra también ha visitado la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde se ha reunido con el presidente del TSJC y con la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, y el fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y otros responsables judiciales.
En su intervención, la consellera de Justícia ha resumido en tres ejes las prioridades del departament que ha planteado a la ministra. La primera es mejorar la financiación, como que las tasas judiciales que se recaudan en Catalunya se inviertan aquí, y mejorar las dotaciones económicas para hacer nuevos juzgados, que tienen unos "baremos desfasados", que son de los 1996 y que no recogen, por ejemplo, el gasto en las nuevas tecnologías. En el punto de las tasas, la ministra ha admitido que lo tiene que hablar con el Ministerio de Hacienda, que es el que recauda y reparte este dinero. La segunda reclamación catalana es desarrollar el Estatut y especialmente el Consell de Justícia en Catalunya, sobre lo cual la ministra no ha concretado nada; así como que a todos los ciudadanos se les respete la lengua propia al ir a los juzgados. Y finalmente, en el ámbito más político, no aplazar la reforma de los delitos de rebelión y sedición. Es la única reclamación en la que la ministra Llop ha sido clara: "Está en estudio, pero no es prioritaria".