El nuevo ministro de Transportes del Gobierno, Óscar Puente, ha admitido este domingo la evidencia, sin los gritos en el cielo y estridencias que acostumbra a utilizar la derecha sobre la separación de poderes y el respeto a la "independencia" de los jueces o la prudencia —o ponerse de perfil— que caracteriza al PSOE; ha admitido, con normalidad, que en España existe el 'lawfare': "Casos de lawfare sin duda hay, negarlo es un gesto de cinismo", ha afirmado Puente, en una entrevista en eldiario.es, en donde lo ha comparado con las meigas —las brujas gallegas—. "El lawfare es como las meigas, uno puede no creer en ellas, pero haberlas, haylas", ha dicho. Puente, hasta hace muy poco a un desconocido fuera de Valladolid —donde fue alcalde— y llegado a primera plana con su contundente intervención a la investidura fallida de Feijóo, ya acostumbra a ocupar titulares, con mejor o peor fortuna, por la franqueza con la cual habla de cuestiones incómodas ante los medios, como la amnistía o ahora el llamado 'lawfare', la guerra política a través de la judicialización interesada.

Sobre la amnistia, según Puente, se está "exagerando" cuando se dice que una medida de gracia que afecta a un número limitado de personas "pone en riesgo la independencia judicial". "Atentar contra la independencia del poder judicial es que un político confiese que controla la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás", señala, en referencia a las polémicas palabras del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó. La ley de amnistía, dice, en cambio, es "una decisión del poder legislativo" y será el Tribunal Constitucional que decidirá si es revisable.

En este sentido, Puente ha comparado la amnistía al procés con la de 1977, durante la Transición, para argumentar que es una medida de gracia ex ante, es decir, que incluye cuestiones o personas que no se han llegado a juzgar y, por lo tanto, todavía no hay ninguna sentencia condenatoria. Una medida, dice, que "está prevista en el estado de derecho, no solo en España, sino en todas las democracias del mundo". "Decir que una amnistía atenta contra el estado de derecho es una maldad muy deliberada", concluye.

Carga contra el "corporativismo" de jueces y fiscales

El sustituto de Raquel Sánchez destaca también en la entrevista que los políticos tienen "el derecho a ser críticos" con algunos fallos judiciales que "claramente tienen un cierto perfil político y una cierta finalidad política". Según Puente, el poder judicial no tendría que hacer "corporativismo" para tapar cualquier tipo de guerra sucia a través de las instituciones. En este sentido, el ministro ha criticado las imágenes de jueces y fiscales con toga protestante en las puertas de los juzgados contra la ley de amnistía todavía sin materializar ni aprobar al Congreso y niega que esta medida de gracia sea un ataque contra la independencia judicial.

"El verificador internacional no hará falta, seremos leales"

Puente también ha entrado a valorar la figura del mediador internacional de las negociaciones entre el independentismo y el Gobierno, sobre la cual asegura que se ha tenido que aceptar "cosas que no convencen o que en otras circunstancias no se aceptaría" por el "el abismo" y el "riesgo" que podría suponer que lo extrema derecha de Vox entrara en el Gobierno de la mano del PP de Feijóo. "Se tenía que llegar a un acuerdo en estas circunstancias", resuelve al ministro. Eso sí, Puente asegura estar "convencido" de que "el verificador no será necesario", porque, dice, serán "leales y capaces de llegar a acuerdos y cumplirlos sin necesidad de verificador". El ministro también ha admitido que esta figura se plantea porque "venimos de una situación de mucha desconfianza, de confrontación" y, hasta que esta "no se restituya, estos instrumentos estarán aquí".