La moción de la CUP, que reitera los "objetivos" de la declaración de ruptura del 9-N del 2015, será debatida en el pleno del Parlament de este miércoles y jueves. Así lo ha acordado la Mesa este lunes por la tarde, que después de escuchar a la Junta de Portavoces ha tumbado las peticiones de reconsideración que habían presentado Ciudadanos, el PSC y el PP. El texto de los cuperos, que también insta al Govern a recuperar leyes sociales tumbadas por el Tribunal Constitucional, fue admitido a trámite en la reunión de la Mesa del pasado martes.

Según fuentes parlamentarias, los representantes de JxCat, ERC, los comunes y la CUP han defendido la libertad para debatir esta moción en el Parlament, mientras el resto de partidos de la oposición se han opuesto, recordando que los letrados de la cámara ya advirtieron en noviembre del 2015 que no se podían tramitar este tipo de iniciativas.

La CUP quiere que JxCat y ERC ratifiquen los "objetivos" de la resolución sobre el inicio del proceso político, aprobada el 9 de noviembre de 2015, después de las elecciones del 27-S. Aquel texto, declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ponía las bases para la creación de un Estado independiente sin supeditarse las decisiones al TC ni a ninguna otra institución del Estado.

El texto, registrado el pasado lunes por los anticapitalistas, también insta al Govern a "hacer efectivo el contenido" de las leyes tumbadas por el Tribunal Constitucional. Todas las leyes mencionadas, un total de diez, tienen carácter social. En cambio, no aparece la ley de transitoriedad jurídica, también suspendida por el alto tribunal español.

Argumentos jurídicos

En la resolución motivada para desestimar las reconsideraciones, la mayoría de la Mesa argumenta que, si bien la moción se refiere a la declaración del 9-N, "no implica la aprobación de nuevo de dicha resolución en la totalidad de su redactado, sino que se limita a a reiterar los objetivos políticos que aquella contenía". Recuerda que aquel objetivo formaba parte del programa político del subgrupo parlamentario que la presenta.

En este sentido, argumentan que "la Constitución española vigente no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente a aquel que se produce en sede parlamentaria". Añaden que su debate no supone una "ruptura del orden constitucional imperante", porque no tiene efectos jurídicos. "La moción es un acto parlamentario de naturaleza estrictamente política", señalan.

Finalmente, la mayoría de la Mesa justifica que el reglamento del Parlament establece "una caducidad por conclusión de legislatura de las tramitaciones parlamentarias", lo que supone que la declaración del 9-N "no puede extender su eficacia más allá de la legislatura en la que se ha originado", que es la legislatura anterior. Admitiendo las reconsideraciones, concluyen, se estaría limitando el derecho a participación política.