Si ni el Estado ni el Parlament pueden frenar el Procés Constituent, que lo hagan los ayuntamientos. Este es el plan que, directa o indirectamente, han puesto en marcha Ciudadanos y la entidad españolista Sociedad Civil Catalana para frenar la elaboración de una Constitución catalana.
Dos días después de que el pleno de Viladecans (Baix Llobregat) aprobara una moción que rechaza el debate y votación de las conclusiones del Procés por "ilegales", los de Inés Arrimadas han propuesto extenderlo al máximo de municipios posibles. Según han explicado se hará "con voluntad de consenso", es decir, abiertos a modificaciones, para sumar a otras formaciones.
Aunque en el caso de la ciudad del área metropolitana el texto fue presentado por el PSC, que controla el Ayuntamiento, Ciutadans ha sido quien ha decidido coger la llama de la iniciativa. También apoyados por una petición de Sociedad Civil en el portal Change.org, que ya acumula más de 1.400 firmas.
Concretamente, la organización alerta de una "peligrosa fragmentación entre catalanes", entre los que están dispuestos a romper "la legalidad democrática" y los que no. Además, considera que hay que defender el Estado de derecho, rechazar el enfrentamiento institucional y la "puesta en riesgo" las instituciones (es decir la autonomía).