La palabra "transparencia" ha sido la dominante desde que empezó su reinado. No porque haya sido el valor imperante, sino el más repetido. Ya en su discurso de proclamación delante de las Cortes Generales, en 2014, Felipe VI aseguraba que la Corona no sólo tenía que buscar la proximidad con los ciudadanos, sino también "observar una conducta íntegra, honesta y transparente". Un discurso de proclamación al que se refirió en su último discurso de Navidad, el pasado 24 de diciembre, cuando el Rey defendió que son "unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones". En estos seis años han pasado muchas cosas, entre ellas la operación confidencial para permitir la huida de su padre por los escándalos de corrupción, pero la transparencia ha sido la gran ausente. En todos los aspectos, pero especialmente con respecto al dinero, el ilegal pero también el presuntamente legal.

Ha faltado voluntad política, como se ha visto los últimos meses en la Mesa del Congreso de los Diputados. Durante el último año, el órgano de gobierno de la cámara baja ha tumbado hasta seis peticiones de comisión de investigación sobre la monarquía, en algunos casos incluso contando con el aval de los servicios jurídicos. El próximo martes pasará lo mismo con la última iniciativa de independentistas, nacionalistas y soberanistas, gracias a la pinza en contra del PSOE, el PP y Vox. Esta semana incluso ha inadmitido comparecencias y preguntas parlamentarias sobre las —de momento— dos regularizaciones fiscales de Juan Carlos I.

Pero tampoco las instituciones y organismos que tendrían que garantizar esta transparencia han hecho su trabajo. Un buen ejemplo. Desde el 2015 hasta hoy, según los datos facilitados a ElNacional.cat, el Consejo de Transparencia ha tramitado hasta 28 reclamaciones de ciudadanos por información sobre la Casa Real. El organismo fue creado en el 2014 justamente para garantizar el acceso a la información pública. De estas 28 reclamaciones, cinco fueron estimadas totalmente y cinco más han sido estimadas parcialmente. El resto, 18, han sido desestimadas (16), inadmitidas (1) o archivadas por desistimiento (1). Pero incluso en algunas demandas admitidas, el Gobierno ha incumplido y no ha facilitado la información argumentando que era "información clasificada". De hecho, la mayoría de reclamaciones son presentadas por el silencio de la administración.

Entre las demandas de información desestimadas por el Consejo de Transparencia, hay sobre la estancia del rey emérito en los Emiratos Árabes, sobre las reuniones entre La Moncloa y La Zarzuela para planificar la salida de España o sobre las propiedades de los miembros de la Casa Real. La primera desestimada fue sobre el presupuesto previsto y ejecutado de la Casa Real.

Otros organismos, con funciones de fiscalizar, directamente no han hecho nada. Se ha observado particularmente con los escándalos y la posible corrupción de la monarquía. Los españoles han tenido la primera noticia por la justicia de otros países y la prensa, a veces también extranjera. Lo mismo ha pasado, posteriormente, con las dos regularizaciones fiscales que ha realizado el emérito. Una el 9 de diciembre del año pasado y una el 25 de febrero de este año, ahora hace diez días.

De las 28 reclamaciones que ha tramitado el Consejo de Transparencia por la Casa Real, 18 han sido desestimadas

¿Dónde ha estado la Agencia Tributaria, que actúa con tanta diligencia con el contribuyente medio español? Es la pregunta que se formulan los mismos sindicatos de técnicos de Hacienda. No hay constancia de que se le haya abierto ninguna actuación ni expediente a Juan Carlos de Borbón. Cuando hizo la primera regularización, de 640.000 euros, ya se había publicado en los medios de comunicación el uso de tarjetas opacas. Cuándo ha hecho la segunda regularización, de 4,4 millones de euros —con dinero de amigos—, ya se sabía de la existencia de la Fundación Zagatka. Ahora hace un año, en una entrevista en El País, su primo Álvaro de Orleans admitía sin ambages que le pagaba "muchos viajes privados" al rey. Hace dos años que se sabe que la Fiscalía de Ginebra lo investiga. ¿Dónde ha estado Hacienda todo este tiempo?

El Gobierno sostiene que no ha encubierto las irregularidades del monarca. Sin embargo, formalmente no se ha abierto ninguna actuación contra él. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan que ahora tienen la lupa puesta en todas las informaciones que aparecen. Pero desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) expresan sus dudas. Desde esta organización avisan de que la Agencia Tributaria tenía el "deber inexcusable" de abrir una investigación en Juan Carlos I desde hace años como se hace con el resto de contribuyentes por cantidades e indicios muy menores. Lamentan que esta ausencia de investigaciones ha permitido las regularizaciones y, por lo tanto, también evitar cualquier tipo de responsabilidad penal.

"Ha habido inacción de las autoridades de la Agencia Tributaria, que no han autorizado a los técnicos ni a los inspectores a abrir investigaciones", denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que constata que ya hacía tres años que había informaciones al respecto. Esto ha permitido las dos regularizaciones que "lo han liberado de cualquier responsabilidad penal por los incumplimientos". Mollinedo constata cómo la Agencia Tributaria no es "especialmente diligente" con estas personalidades públicas, y que la demora en este caso ha sido "notable". En cambio, contrapone, "cualquier ciudadano, por cualquier incumplimiento, por pequeño que sea, no tardará en recibir una carta en casa de la Agencia Tributaria".

El sindicato de técnicos de Hacienda: "Ha habido inacción de las autoridades de la Agencia Tributaria. No han autorizado investigaciones"

También ha tenido que ser por la justicia y la prensa extranjeras, por los escándalos que empezaron a emerger ahora hace un año, que la justicia española se ha visto obligada a actuar. De momento, se encuentra en manos de un equipo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que tiene abierta una triple investigación sobre Juan Carlos I. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado posibles "nuevas investigaciones" después de las regularizaciones fiscales. No obstante, lo que sale del ministerio público es que todo quedará en nada, porque muchos de los hechos tuvieron lugar durante su reinado. La arquitectura de la Constitución del 78, de las figuras de la inviolabilidad e irresponsabilidad constitucionales, deja muy poco margen. Un velo legal y de opacidad protege la monarquía española de la acción de la justicia.

El dinero "legal", tampoco

Lo mismo que pasa con el dinero presuntamente ilegal también pasa con el dinero "legal". En el 2013 se aprobó una ley de transparencia para todas las instituciones del Estado, incluyendo la Corona, pero pocos pasos se han dado en este sentido. El mejor ejemplo es la fuga del rey Juan Carlos I en los Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra desde el pasado mes de agosto. Una huida paga por los contribuyentes españoles, y que se ha podido saber, con cuentagotas, por informaciones periodísticas. Era eldiario.es el que revelaba que los tres ayudantes del emérito, sus sueldos y sus desplazamientos iban a cargo de Patrimonio Nacional, organismo adscrito a Presidencia. Eso es lo poco que se ha podido saber de cómo se sufraga su estancia en el extranjero.

Con cuentagotas también se ha podido saber cómo Patrimonio Nacional se ha convertido en un cajón de sastre para los gastos de la monarquía española. A este organismo, la Zarzuela ha pasado las facturas por la casa donde se alojaba al examante Corinna Larsen, los seguros de los Ferrari y Rollos Royce que habían regalado al emérito o las indemnizaciones por despido improcedente a la tripulación del yate Fortuna. Patrimonio Nacional también asume el mantenimiento de tres piscinas de la Casa Real —de las que disfrutan Felipe VI, su familia de las cuales e invitados de las cuales—, para el cual gastará sólo este año medio millón de euros. Un auténtico pozo sin fondo.

¿Qué hace el Tribunal de Cuentas delante de todo esto, tan diligentes en otros casos? Su función es fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público español. A pesar de todo, no hay constancia de que tenga ninguna investigación ni procedimiento abierto a la Casa Real. Su último informe sobre Patrimonio Nacional es de 2013, hace ocho años. De hecho, en 2015, este organismo se amparó en la Constitución para no fiscalizar el presupuesto público asignado a la monarquía. El artículo 65.1 establece que "el Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostén de su Familia y Casa, y distribuye libremente esta cantidad". Algunos grupos, como ERC y EH Bildu, han reclamado que el Tribunal de Cuentas fiscalice la Casa Real, una petición que se ha estrellado contra la falta de voluntad política de los grandes partidos españoles.

El Tribunal de Cuentas se aferra a la Constitución para no fiscalizar el dinero público de la Casa Real

La realidad es que es muy difícil saber cuánto cuesta a los contribuyentes españoles la Casa Real. La única partida mesurable es la partida específica que tienen asignada a los presupuestos del Estado, que este año se ha incrementado un 6,9%, a pesar de haber dejado al emérito sin sueldo. En total, 8,4 millones de euros para el 2021. No obstante, tienen repartidos gastos en otros ministerios, como el cajón de sastre de Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia), su seguridad, que paga el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Defensa. Y de su propia partida presupuestaria, poco se sabe, más allá de partidas genéricas y los sueldos que se autoasignan los miembros de la familia real.

El principal obstáculo es justamente la ley de transparencia del 2013. Si bien incluye la norma incluye a la Casa Real, los miembros de la familia real no están obligados a dar detalles de sus gastos ni a revelar los negocios que realicen. Ni el jefe del Estado ni el resto de integrantes de la familia son considerados como "altos cargos", a diferencia de los miembros del gobierno. Por lo tanto, tampoco están obligados a presentar declaraciones de bienes y derechos.

La comparación con otras monarquías europeas es sintomática, especialmente si se compara con la británica. La reina Isabel II pone a disposición de los ciudadanos un informe detallado de las cuentas anuales. Incluye desde los gastos en agua y electricidad hasta el gasto en software, peluquería, comida o bebidas alcohólicas. Cada visita oficial que realiza la monarca y su familia está debidamente explicada y justificada: tanto el porqué del acto como el coste que ha supuesto para los contribuyentes.

Una fortuna difícil de calcular

También es difícil de fiscalizar e incluso cuantificar la fortuna personal de los miembros de la Casa Real española. Todo lo que se sabe son estimaciones y cábalas periodísticas. En un extenso reportaje publicado en el 2012, The New York Times intentó calcular la fortuna personal del entonces rey Juan Carlos I. El diario norteamericano sólo consiguió hacer una estimación, alrededor de 2.300 millones de dólares. El rotativo hablaba de un "estilo de vida lujoso" y de una "fortuna opaca". En el texto admitía que "sigue siendo un secreto como ha amasado su considerable riqueza personal".

A partir de este dato, la periodista Pilar Eyre, especialista en la Casa Real española, también hizo sus estimaciones. Las infantas Cristina y Elena, recién vacunadas a los Emiratos Árabes de visita a su padre, serán "las más ricas de España". Lo serán en tanto que beneficiarias de la herencia multimillonaria de su padre, después de que el rey Felipe VI renunciara el año pasado al estallar los escándalos. Se repartirán al menos 1.800 millones de dólares.

Otro diario extranjero, el británico Express, ha cuantificado la fortuna de Felipe VI en 16,8 millones de euros y la de la reina Letizia en 8,3 millones de euros.

Pero al fin y al cabo no dejan de ser cábalas periodísticas. En estos momentos es imposible cuantificar la fortuna de los reyes españoles. Los continuos escándalos que salen a la luz, con cifras multimillonarias, no hacen más que marear todavía más.

¿Qué se investiga en Suiza?

Desde hace más de dos años, el primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, investiga las donaciones millonarias vinculadas tanto al rey emérito como a su examante Corinna Larsen, por tratarse de posibles operaciones de blanqueo de dinero. Entre las donaciones investigadas, están los polémicos 100 millones de dólares, pagados por la monarquía saudí presuntamente como comisión por el AVE a La Meca. Este dinero se depositó a una cuenta del banco privado suizo Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos I era el principal beneficiario. La investigación de Bertossa sostiene que una parte del dinero fue retirado y la mayoría, unos 65 millones de euros, fueron transferidos a Corinna a través de un banco en las Bahamas. La Fiscalía suiza también investiga la Fundación Zagatka, vinculada al primo Álvaro de Orleans y objeto de la segunda regularización. Esta entidad habría ingresado al menos diez millones de euros desde 2008, y habría pagado numerosos viajes de Juan Carlos I por todo el mundo.

¿Qué se investiga en España?

España ha ido durante el último año a remolque de Suiza. Las investigaciones están centralizadas en un equipo "altamente cualificado" de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que tiene que delimitar si los hechos están protegidos por la inviolabilidad constitucional o pueden ser investigados judicialmente. En estos momentos, hay tres líneas de investigación abiertas. La primera investigación es justamente por el AVE a La Meca, que Corinna Larsen aseguró al excomisario José Manuel Villarejo que el rey emérito se llevó comisiones. La segunda es por las tarjetas opacas, provistas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y de las que se habrían beneficiado el rey emérito y parte de su familia cuando Juan Carlos I ya había abdicado. La tercera fue abierta después de una alerta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España. Habría descubierto una fortuna oculta en la isla de Jersey. Y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha anunciado esta semana que las dos regularizaciones probablemente desembocarán en "nuevas investigaciones y comprobaciones". Habrá que ver hasta dónde llega el velo legal y de opacidad a la monarquía.