El Gobierno cree que la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir un 25% de clases en castellano "se tiene que ejecutar" como todas las sentencias, "porque es firme", pero ya adelanta que no lo solicitará expresamente, porque considera que quien tiene que pedir el cumplimiento es el mismo TSJC, y no el ejecutivo español. Así lo han apuntado este miércoles fuentes del Ministerio de Educación y también las ministras de Justícia y de Política Territorial, Pilar Llop e Isabel Rodríguez. Una vez las sentencias son firmes, sostienen, toca hacer que se ejecute al tribunal sentenciador y no al Gobierno.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha recordado a la Generalitat que la resolución "se tiene que ejecutar porque es firme", en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3. "Los procedimientos de ejecución tienen sus fases, hay que esperar ver cómo se van resolviendo; la resolución del Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y ahora hay que ejecutar esta sentencia, porque es firme, y corresponde al mismo órgano sentenciador darle el impulso," ha explicado la titular de Justicia.

Al preguntarle por la reacción del Gobierno, que ha calificado la resolución del Supremo de "injerencia", Llop ha explicado que a partir de ahora se tendrá que abrir un plazo de dos meses para "reclamar la Generalitat que proceda al cumplimiento de la sentencia". Y añade: "Veremos cuál es la respuesta de la Generalitat y dependiendo de lo que haga se irán dando pasos", ha concluido a la ministra.

Con respecto al acuerdo conseguido por el Gobierno con ERC sobre la nueva Ley Audiovisual, Llop ha rechazado las afirmaciones del portavoz de la formación independentista, Gabriel Rufián, que atribuye a su partido haber "obligado" al Ejecutivo a aceptar una cuota del 6% de los contenidos de las plataformas en lenguas cooficiales: "A nosotros nadie nos tiene que obligar a una cosa a que es constitucional. Es una sensibilidad de la sociedad en determinados comunidades y territorios donde las personas hablan otras lenguas oficiales que son cooficiales con el castellano y hace falta reconocer y respetar la constitución", ha precisado. También ha remarcado que "el PSOE es un partido respetuoso con la Constitución, votó la Constitución, trabajó en toda la fase de la Transición y reconoce la singularidad de los territorios, la singularidad de las autonomías, respeta este diálogo horizontal territorial y, por descontado, respeta las lenguas oficiales".

La respuesta de Educación

Sobre la sentencia, el Ministerio de Educación incluso ha distribuido una nota para dejar claro que "el Gobierno no debe adoptar ninguna decisión al respeto en el momento actual del procedimiento" en que "corresponde en exclusiva al TSJC y a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia".

Calviño también dice la suya

Llop no ha sido la única ministra del PSOE que se ha pronunciado esta mañana. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha defendido que el acuerdo con ERC sobre la ley audiovisual es "muy equilibrado" y "permite impulsar este sector audiovisual en el cual España es una potencia internacional". "Al mismo tiempo permite reforzar la capacidad de producción en las lenguas y en la promoción de nuestra cultura", ha dicho este miércoles por la mañana en una entrevista a RNE.

Calviño ha afirmado que el Gobierno está "absolutamente comprometido con el apoyo y la promoción de las lenguas cooficiales". "Lo vemos como una de nuestras riquezas", ha asegurado, y "es eso mismo lo que incorporamos a la ley audiovisual". Sobre la decisión del Supremo en las escuelas catalanas, nada de nada.

Fotografía de portada: imagen de recurso de los ministros españoles con la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la derecha