El gobierno de coalición empieza desde la primera semana combatiendo las propuestas de la extrema derecha. En el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, el ejecutivo ha acordado remitir un requerimiento al gobierno de Murcia para que proceda a la "retirada" del polémico pin parental. Si no, ha advertido, recurrirán a la vía administrativa, y si hace falta a la penal, "cualquier intención del PP, Vox o Cs de vulnerar los derechos de los menores a recibir una educación integral". La portavoz María Jesús Montero ha insistido: "Ante cualquier actuación que vulnere los derechos de los niños o los convenios internacionales, responderemos con contundencia".
El polémico pin parental ha sido una de las condiciones de Vox en el gobierno autonómico de Murcia para aprobar los presupuestos. Se trata de una facultad para que los padres puedan autorizar que sus hijos no asistan a "cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos", en palabras de la extrema derecha. Los padres tendrían que ser informados previamente y tendrían que dar una "autorización expresa".
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha recordado que "no son actividades voluntarias, sino complementarias", y que esta medida del gobierno murciano "vulnera derechos fundamentales, y además excede de mucho sus propias competencias". Por su parte, la ministra de Igualdad ha defendido que "los hijos e hijas de padres machistas u homófobos también tienen derecho a ser educados en libertad".