El Gobierno ha bajado este martes al barro de la polémica ley que puede beneficiar a una cuarentena de presos de ETA. Ante las críticas de Alberto Núñez Feijóo por haber 'colado' una enmienda que puede rebajar las penas a estos exmiembros de la banda armada, Pilar Alegría ha recordado que "el PP no aportó lo más mínimo para que ETA acabara". La portavoz del ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha recordado que ya hace más de una década que la organización no atenta, y ha atribuido la obsesión de los populares con el grupo armado a "un vacío de proyecto y liderazgo". "Es indigno", ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Aparte, ha asegurado que el PP no ha cometido ningún "error" ni tampoco se ha "despistado" en la tramitación de esta ley: ha recordado que ha obtenido el aval unánime de todos los grupos en el Pleno, las comisiones y la ponencia del Congreso de los Diputados, y que nadie en el Senado la ha querido retocar o vetar.
"Este texto que se aprobará en el Senado es literal al texto aprobado por el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy en 2014", ha señalado Pilar Alegría insistiendo en que la ley es una transposición de una normativa europea. También ha insistido en que el Consejo de Estado avaló el cambio legal por unanimidad en diciembre del 2023, y que la Audiencia Nacional elevó el pasado mes de enero una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en que "se advertía de la necesidad de adaptar al derecho español la normativa europea". A pesar de todo, la enmienda polémica de Sumar que beneficia a etarras se introdujo después del aval del Consejo de Estado. Y, en su momento, el PP de Rajoy introdujo una disposición adicional contra etarras después de que el texto saliera del Consejo de Ministros. Ahora fuentes del Gobierno apuntan que la actuación de entonces y de ahora de los populares se debe a una cesión a las "presiones" mediáticas.
La también ministra de Educación ha lamentado que un partido político "se atreva a decir que hoy ETA está más fuerte que nunca". "Es un insulto a las víctimas del terrorismo, a los jueces y a los fiscales", ha manifestado. "Exijo al PP que deje de utilizar de forma partidista aquello que tanto mal hizo al pueblo español; es indignante", ha sentenciado Pilar Alegría en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Cuerpo a cuerpo contra Isabel Díaz Ayuso
Pilar Alegría también ha entrado al cuerpo a cuerpo contra Isabel Díaz Ayuso, después de que este lunes decidiera diferenciarse de la línea seguida por Alberto Núñez Feijóo y citara a Begoña Gómez a declarar en comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. La portavoz del Gobierno ha disparado de lo lindo contra la lideresa madrileña. "Lamento que no estuviera ni la mitad de interesada en saber qué pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia del coronavirus; lamento que no pusiera en marcha aquella comisión de investigación; si se hubiera puesto en marcha, habría 7.000 personas que no hubieran podido comparecer", ha espetado.
Protocolo contra el acoso LGTBI en las empresas
Durante la rueda de prensa de este martes, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha expuesto el real decreto que ha aprobado el ejecutivo en la reunión del Consejo de Ministros. Se trata de una norma que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener protocolos contra el acoso de personas LGTBI en que se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y actuación si se detectan casos. Aunque son las empresas las que tienen que diseñar las medidas a aplicar, la norma establece unos mínimos, como por ejemplo cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, formación a las personas implicadas en los procesos de selección, clasificar y promocionar a los profesionales con "criterios objetivos" y promover los entornos diversos e inclusivos en la plantilla, entre otros.
Entre las medidas mínimas que tendrán que aplicar las empresas también hay atender los permisos y beneficios sociales de las personas LGTBI garantizando que no hay discriminación, con especial atención a las personas trans. En caso de que haya un régimen disciplinario, tendrá que integrar infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, orientación e identidad sexual y expresión de género de los trabajadores. Con respecto al protocolo que las empresas tendrán que poner en marcha, la norma establece que tiene que incluir agilidad y diligencia en la investigación y resolución de los casos detectados, respeto y protección de la intimidad, confidencialidad y protección suficiente de la víctima, así como una audiencia imparcial y restitución. Según apunta la norma, las empresas tendrán que constituir la comisión negociadora como máximo en los tres meses posteriores a la entrada en vigor del real decreto. El plazo para la negociación con la representación legal de los trabajadores será de seis meses en caso de no tener convenio colectivo.