Durante todo el año pasado, para La Moncloa era impensable: sin el estado de alarma, el último de seis meses sin votaciones parlamentarias, las comunidades autónomas estaban de manos atadas para plantar cara al coronavirus. Medio año más tarde, giro de 180 grados en el gobierno central, que insiste en que se puede levantar el estado de alarma sin ningún tipo de problema ni conflicto jurídico, aunque afecten derechos fundamentales. A pesar del informe del Consejo de Estado que alerta de las graves carencias de la legislación ordinaria, y a pesar también de las interpretaciones contrapuestas que los diversos tribunales superiores de justicia hicieron el verano pasado. Habrá que salir de dudas el 9 de mayo, cuando expire.

Si el martes insistió Pedro Sánchez, hoy ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha defendido que, sin el estado de alarma, excepto confinar la población en casa, pueden hacer "casi todo". En una entrevista en Canal Sur, la dirigente socialista ha asegurado que, entre otras medidas, también pueden establecer el confinamiento perimetral de sus territorios. "Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en situación de particular incidencia puede adoptar lo que se denomina 'acción coordinada' que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dicho que es de obligado cumplimiento", ha asegurado Calvo.

Lo mismo con respecto a otras restricciones, como el cierre de los comercios y la restauración, asegurando que los jueces lo han avalado "en un 99% de los casos". Así, ha reiterado, la legislación sanitaria ordinaria "tiene recursos más que suficientes" para que las comunidades autónomas adopten medidas para frenar la propagación del virus, porque "prácticamente" lo único que excluye es el confinamiento domiciliario.

Pero fuera de La Moncloa sí que hay temores, empezando por el Govern de Catalunya o el lehendakari Íñigo Urkullu, que han reclamado más garantías jurídicas para poder gestionar el post-estado de alarma. La misma seguridad jurídica que exigía el Consejo de Estado en un informe. El órgano presidido por María Teresa Fernández de la Vega advirtió al Gobierno que no existe un plan jurídico alternativo al estado de alarma porque la legislación sanitaria es demasiado "genérica" y requiere de modificaciones para poder hacer frente a pandemias con seguridad jurídica.

Paradójicamente, es lo mismo que defendía el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando se debatió la nueva declaración del estado de alarma, por un total de seis meses ininterrumpidos. El entonces máximo responsable sanitario del Estado justificó que la única posibilidad para el confinamiento perimetral o el toque de queda era la declaración del estado de alarma.