El Gobierno ha mostrado este martes su "respeto" por la decisión tomada por la junta de fiscales del Tribunal Supremo, pero ha avisado de que "la decisión final" sobre esta cuestión estará en manos de la Fiscalía General, con quien confía en que tenga un criterio diferente. Los doce fiscales de la sección penal han acordado pedir la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, una decisión que no ha sorprendido nada al Consejo de Ministros, según admiten fuentes de altas instancias del Gobierno. "La decisión definitiva tendrá que adoptarse por los órganos establecidos por la normativa; respetaremos la decisión final que adopte el ministerio fiscal y por supuesto los tribunales de este país", ha señalado Pilar Alegría, portavoz del ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, en rueda de prensa.
Fuentes de la Moncloa insisten en que la Fiscalía es un organismo jerárquico. De hecho, la decisión de la junta de fiscales no es vinculante para el Tribunal Supremo, que tendrá que resolver si aprueba o no la tesis del juez Manuel García-Castellón, que sostiene que hay suficientes indicios para mantener la investigación por terrorismo y contra el presidente en el exilio por las movilizaciones ciudadanas contra la sentencia del Procés del 2019.
Ante preguntas de la prensa en los pasillos del Senado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha alertado de que es el poder legislativo quien dicta leyes, y que es el poder judicial quien tiene que "cumplir con la labor" de aplicarlas. Ha sido más blando Félix Bolaños, ministro de Justicia y de Presidencia, quien ha enmarcado en la "normalidad institucional y democrática" el pronunciamiento de los fiscales del Tribunal Supremo.
Este martes, doce de los quince integrantes del ministerio fiscal que forman parte de la junta de la sección Penal de la Fiscalía del Supremo han acordado rechazar el informe del fiscal Álvaro Redondo, que sostenía la falta de indicios para perseguir a Tsunami Democràtic a través del delito de terrorismo, y rechazaba hacer lo mismo con Carles Puigdemont.
La junta de la sección penal de la Fiscalía del Supremo está presidida por Fidel Cadena —uno de los fiscales del juicio del Procés que mantuvo hasta el final la acusación por rebelión— y Joaquín Sáchez-Covisa, nombrado fiscal jefe de la sala de lo penal de la Fiscalía del alto tribunal español en mayo de 2022. Son también los fiscales del Procés Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, que mantienen su posicionamiento más beligerante contra el independentismo. Los otros fiscales de la junta son: Consuelo Fidalgo, Juan Carlos López Coig, Manuel Martínez, María Ángeles Garrido, José Martínez Jiménez, Salvador Viada, Olga Sánchez, Justino Zapatero, Manuel Dolz, y Álvaro Redondo, que ha defendido el informe de Tsunami.
Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal
También en esta rueda de prensa, la portavoz Pilar Alegría ha sido preguntada sobre la nueva propuesta de Pedro Sánchez: convencer a Junts per Catalunya a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de acortar las fases de instrucción. "Todos somos conscientes de que las instrucciones se alargan", se ha limitado a decir Pilar Alegría, con el fin de no pronunciarse mucho sobre cómo avanzan las negociaciones con el partido de Carles Puigdemont para aprobar la ley de amnistía.
El PP pide a la Moncloa que deje de "presionar" a fiscales
El PP no ha tardado mucho a reaccionar a las palabras de Pilar Alegría, y este martes ha exigido al Gobierno de que "respete" la decisión de los fiscales del Tribunal Supremo y que deje de "presionar" a miembros del poder judicial. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha lamentado que la ministra socialista haya "advertido" a los fiscales que no tienen la última palabra.