"No hay ningún acuerdo para privilegiar a nadie", ha asegurado este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en su cara a cara en el Congreso de los Diputados con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. La popular la ha acusado de aprovechar la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump para "beneficiar a Junts per Catalunya". "Cuando tienen que escoger entre españoles y socios, escogen siempre a los socios", ha lamentado. La número 2 de Feijóo se refería al acuerdo entre socialistas y juntaires para adecuar al peso de las exportaciones catalanas el decreto ley que pretende contrarrestar las tarifas norteamericanas. Este pacto ha puesto en peligro las negociaciones entre los dos principales partidos españoles para llegar a un 'pacto de Estado' contra los aranceles: este martes manifestaban que el acuerdo con los independentistas les hacía sentir "expulsados" de las conversaciones, pero este miércoles han reconocido que continúan sentados en la mesa.
"Así no cuenten con nosotros", ha advertido Gamarra, que pertenece al alma más belicista del PP. Pero más tarde, el diputado Juan Bravo, responsable de asuntos económicos de los populares y que estos últimos días es el encargado de negociar con el Gobierno la respuesta a los aranceles de Trump, ha confirmado durante su intervención que el PP todavía no se ha levantado de la mesa. Con un tono mucho más moderado, ha manifestado que la mano de los populares "continúa tendida". "Pero si vemos que empiezan a hacer trampas y juegos políticos con el futuro de las empresas españolas, nos marcharemos", ha advertido. Durante su discurso, ha exigido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el plan contra las tarifas impuestas por el nuevo inquilino de la Casa Blanca tenga más "concreciones".
¿Qué ha pactado el Gobierno con Junts per Catalunya?
El pacto firmado entre Junts y el Gobierno ha generado multitud de versiones. Uno de los primeros que este miércoles ha valorado el acuerdo ha sido Gabriel Rufián, en su llegada al Pleno del Congreso de los Diputados. "Es humo", ha manifestado el líder de Esquerra Republicana en Madrid; más tarde, dentro del hemiciclo, ha acusado a sus adversarios independentistas de vender algo que "es falso", y les ha invitado a colaborar para "conseguir cosas buenas para Catalunya". Se trata de una versión mucho más acentuada de lo que trasladan en privado varias fuentes del Consejo de Ministros. "Siempre que Junts firma un acuerdo con nosotros, lo exagera y lo explica de una manera que no es", sostienen desde el círculo de confianza de Pedro Sánchez.
Lo que dice el decreto ley aprobado este martes es que el Gobierno garantizará que el reparto de las ayudas se haga "respetando el equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a los Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma; con especial atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición". Resulta que Catalunya será el territorio del Estado más afectado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump porque es la autonomía que más exporta a los Estados Unidos. Así lo ha reconocido este miércoles Carlos Cuerpo en su comparecencia en el Congreso. Concretamente, concentra el 25% de estas exportaciones.
Es por eso que Junts explica que una cuarta parte de este paquete se tendrá que destinar a las empresas catalanas. Pero siempre hay la posibilidad de que estas compañías no reclamen los avales. Los independentistas argumentan que será trabajo del Govern de la Generalitat hacer pedagogía en estas empresas para que pidan los préstamos. De hecho, juntaires y socialistas pactaron añadir una segunda idea a este decreto: "Se articularán mecanismos de participación y seguimiento por parte de las autonomías, orientadas a garantizar la transparencia, la equidad y la coherencia de la distribución". El ministro Cuerpo también tendrá que comparecer trimestralmente para rendir cuentas sobre el cumplimiento de este reparto equitativo y aportar un informe que recoja cómo se han territorializado los recursos.
Lo que defiende ahora el Gobierno es que el acuerdo con Junts no otorga "privilegios" a ninguna autonomía y que las ayudas se destinarán a las empresas que lo pidan y cumplan los criterios, independientemente de su territorio. También envían un mensaje de tranquilidad a las empresas del resto del Estado señalando que no se les cortará el grifo con el fin de cumplir con esta exigencia del partido de Carles Puigdemont. Este miércoles, Míriam Nogueras destacaba que el españolismo "está tan acostumbrado a maltratar a Catalunya que se escandalizan cuando garantizamos que reciba lo que le corresponde".
El Gobierno seguirá buscando el apoyo del PP
El PP, sin embargo, habla de 'cupo'. Y este miércoles, en unas declaraciones desde Bruselas, Alberto Núñez Feijóo se ha situado entre las dos almas de su partido en esta cuestión; entre la beligerante y la pacificadora: "Estamos más lejos que ayer de un acuerdo para aprobar este decreto; después de una negociación encubierta con el separatismo".
Con Podemos declarado prácticamente en rebeldía contra cualquier medida económica de los socialistas, el Gobierno se afana por asegurarse el apoyo de sus socios habituales; ya tiene los siete votos de Junts, siempre difíciles de conseguir. Y también quiere los del PP, para aprobar el decreto con una amplia mayoría que dé la imagen de un 'pacto de Estado'. Fuentes del Consejo de Ministros insisten en que seguirán buscando un acuerdo con los populares para que les convalide este decreto ley, pero asumen que al PP no le temblará el pulso si ve que votando en contra puede provocar una nueva derrota de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.