Maria Jesús Montero es la última voz del PSOE dentro del Gobierno que ha salido a defender que los escritos del juez Pablo Llarena y de la Fiscalía después, en los que se atribuye a Carles Puigdemont el tipo agravado de malversación para mantener peticiones altas de condena demuestran que la reforma del Código Penal no ha "despenalizado" todo tipo de malversación, como decía el PP. "Esto significa que el Código Penal sigue contemplando las penas de malversación e incluso endurece los delitos de corrupción", ha defendido la ministra de Hacienda en una entrevista en TVE. Yendo más allá, Montero ha reconocido que espera que todo, con los nuevos escritos de Llarena y Fiscalía, "sirva para que el señor Puigdemont pueda ser extraditado en nuestro país y pueda responder ante la Justicia, en breve". Según la ministra, esto es lo que ha pretendido en todo momento el Gobierno.
"Nosotros no entramos nunca en los autos ni en las resoluciones judiciales. A cada poder le corresponde una cosa, en su caso administrar justicia y al nuestro legislar. Pero lo que sí que creo es que demuestra que el PP mentía desde el primer día cuando decía que el Gobierno había despenalizado cualquier tipo de malversación o había reducido la capacidad que se pudiera juzgar a las personas que debían dinero, sea por lucro propio o para un fin diferente de lo que estaba previsto en primer término. Eso significa que el Código Penal sigue contemplando la malversación y endurece la corrupción con nuevos delitos. Eso es lo más importante", ha insistido la ministra de Hacienda, que ha recordado que la intención del Gobierno es que el president Puigdemont sea extraditado y comparezca ante la justicia española.
"Está claro que lo que pasó en 2017 está penalizado"
En la misma línea se ha pronunciado este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha señalado que la reforma del Código Penal abre la puerta a facilitar la extradición de Carles Puigdemont. "Se ha comprobado que con el antiguo delito de sedición no volvería", ha afirmado sobre el president en el exilio, y con la esperanza que los desórdenes públicos agravados sí consigan que vuelva a pisar el estado español. "Se tendrá que ver", ha dicho en una entrevista en Telecinco. Así mismo, han insistido que "está claro que lo que sucedió en 2017 está hoy penalizado", después de que la Fiscalía y el juez Pablo Llarena hayan apostado por persecuciones diferentes a Pugidemont. Las dos, sin embargo, con la voluntad de encerrar durante un montón de años en la cárcel al 130º president. De hecho, Bolaños, ha afirmado que fue "ridículo y doloroso" ver cómo Pugidemont esquivó la justicia y se exilió.
El ministro de la Presidencia ha vuelto a hacer una defensa a ultranza de la reforma del Código Penal. Según él, el gobierno de PSOE y Podemos ha conseguido dos objetivos claros: ahora el Estado "tiene las herramientas para defenderse si se repitiesen los actos como los del 2017 y los líderes independentistas "no lo volverán a hacer" por el diálogo entre La Moncloa y la Generalitat. Dicho esto, ha afirmado que la cumbre hispano-francesa de este jueves será una manera de mirar al futuro de Catalunya.
La posición de la Fiscalía del Supremo
El jueves 12 de enero, después de que entrara en vigor el nuevo Código Penal, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió mantener el procesamiento al president en el exilio Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación de fondos, pero le retiró el delito de sedición por su derogación, según ha informado este jueves el Tribunal Supremo. Este martes, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo han pedido al juez Pablo Llarena que modifique su auto y que procese por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. En cambio, sobre el delito de malversación de fondos públicos, no discrepan del juez Llarena, pero no detallan nada sobre si aceptan la malversación agravada con la que apuesta el juez del TS.
Por su parte, el fiscal general está alineado con los fiscales. Álvaro García Ortiz ya había avalado el criterio de los fiscales del procés, que daban apoyo a la decisión del juez Pablo Llarena de mantener el procesamiento del presidente por el delito de malversación agravada, a pesar de la reforma penal que introduce versiones atenuadas. Es decir, que comparte el criterio de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que este martes endurecieron endurecido la acusación contra Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con desórdenes agravados.