Hoy por hoy, La Moncloa se limita a "estudiar en profundidad" la petición de la Asamblea de Madrid de ilegalizar a los partidos independentistas. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros en su reunión de este viernes, que ha decidido trasladarlo a los servicios jurídicos del Gobierno. La portavoz en funciones Isabel Celaá ha justificado que justo fue aprobada este jueves y que, por lo tanto, tienen que analizar si es "susceptible" de ser impugnada ante el Tribunal Constitucional o no. El mismo Consejo de Ministros ha aprobado una nueva impugnación contra una moción de la CUP.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, la dirigente socialista ha explicado que "el gobierno de España ha decidido la resolución de la Asamblea de Madrid en profundidad", y que, llegado el momento, tomarán una decisión. "Lo que procede es estudiar los aspectos jurídicos de esta resolución. El trato —en comparación con el Parlament— es lo mismo", ha defendido Isabel Celaá.
Por su parte, el ministro de Política Territorial en funciones, Luis Planas, ha defendido la justificación de estas impugnaciones ante el Tribunal Constitucional en plena campaña electoral, porque se trata de "cumplir y hacer cumplir la ley". Y que en caso de que haga falta, tomarán las "acciones legales pertinentes". Fuentes del ejecutivo precisan que, hasta que no se publique en el boletín autonómico, no actuarán. Y que cuándo lo harán dependerá de la diligencia de los servicios jurídicos.
La Asamblea de Madrid aprobó este jueves una proposición no de ley de Vox, que pide al Gobierno que ilegalice "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación". La iniciativa salió adelante con el apoyo del PP y Cs, mientras los grupos de la izquierda se opusieron en bloque. La proposición también incluye entre los puntos instar a la Unión Europea a que inscriba a los CDR "en la lista de organizaciones criminales y terroristas".
Preguntada sobre si, en caso de que lo lleven al TC, pedirán que se advierta a la Mesa de la Asamblea como pasa con el Parlament, Isabel Celaá ha evitado responder. Lo mismo cuando ha sido preguntada por qué no lo hicieron con la moción del parlamento de Extremadura que pedía la aplicación del 155 a Catalunya. Aquel texto contó con el apoyo de los socialistas.