El Gobierno ha instado este martes a los jueces españoles a "aplicar" la ley de amnistía porque "es clara". Es la respuesta que ha dado este martes la portavoz del ejecutivo, Pilar Alegría, después de que el Tribunal Supremo haya dado cinco días a las partes para pronunciarse sobre la norma pero al mismo tiempo haya mantenido la orden de detención a Carles Puigdemont. "El gobierno ya ha hecho su trabajo" impulsando una ley que tiene que reparar la persecución judicial a independentistas y ahora corresponde a los jueces aplicarla", ha argumentado la también ministra de Educación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de la sala de máquinas de la Moncloa señalan que "los jueces tienen que tener clara cuál es la voluntad del legislador": amnistiar a todos los independentistas que han sido perseguidos por la justicia española.
Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la ley de amnistía. Lo ha hecho 12 días después de que el Congreso de los Diputados la aprobara de forma definitiva. El Gobierno ha demorado hasta ahora la entrada en vigor de la norma que tiene que reparar la persecución judicial a independentistas, aunque siempre lo han enmarcado en los plazos habituales por los que tiene que pasar una ley desde que se aprueba definitivamente en las Cortes hasta que acaba negro sobre blanco en el BOE. El caso, sin embargo, es que los 'tempos' están siempre en manos de la Moncloa, y que ha habido otras leyes que han entrado en vigor solo horas después de su aprobación, como fue el caso de la reforma del Código Penal que sustituyó el delito de sedición por los desórdenes públicos agravados.
El caso es que la justicia española ya ha hecho de las suyas. Pablo Llarena ha decidido plantar cara a la ley manteniendo activas las órdenes de detención españolas contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira. No obstante, ha dado cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la norma y sobre si creen que hay que aplicarla o no. De la misma manera, el Tribunal de Cuentas ha decidido suspender el plazo para dictar sentencia sobre el gasto del 1-O y también ha preguntado a las partes qué opinan sobre presentar una cuestión prejudicial a la justicia europea (TJUE) sobre esta ley de amnistía.
La demora en la publicación
Este martes, con la publicación de la amnistía en el BOE, se ha activado el calendario y la pelota ha quedado, ahora sí, en manos de los jueces. El poder judicial será el encargado a partir de ahora de aplicar la norma que tiene que reparar la persecución judicial a independentistas. Según figura en la ley, los jueces tienen que levantar de forma inmediata las medidas cautelares y tienen dos meses por hacer efectiva la amnistía en el resto de los ámbitos. Se espera, sin embargo, que se presenten recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante la justicia europea.
Inquietud en la Moncloa por los jueces que quieran driblar la ley
Hace un par de semanas, justo después de que el Congreso de los Diputados aprobara de forma definitiva la ley de amnistía, fuentes de la máxima capitanía del Gobierno admitían a ElNacional.cat que existe una cierta inquetud en la Moncloa sobre el papel que pueden tener ahora los jueces en la aplicación de la ley. El entorno de confianza de Pedro Sánchez recordaba que hace unos meses un grupo de juristas —la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial— publicaba una guía sobre cómo los tribunales pueden driblar la aplicación de la ley presentando cuestiones prejudiciales en Europa, y el manual se difundió a más de 5.000 jueces a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial.