Catalunya será el territorio del Estado más afectado por la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump porque es la autonomía que más exporta a los Estados Unidos; concretamente, concentra el 25% de estas exportaciones. Es por eso que Junts ha pactado con el Gobierno que el decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros para contrarrestar las tarifas impuestas por el presidente norteamericano tenga en cuenta el peso de las exportaciones catalanas. Es decir, los independentistas explican que los 14.100 millones de euros anunciados la semana pasada por Pedro Sánchez se repartirán en función del porcentaje exportador de cada comunidad autónoma.
"Eso representa que se movilizarán más de 3.000 millones de euros" para las empresas catalanas, ha detallado este martes Josep Maria Cruset, diputado de los juntaires en el Congreso especializado en asuntos económicos. Fuentes del Gobierno explican que no temen que las empresas "agoten" el paquete anunciado la semana pasada. Es decir, envían un mensaje de tranquilidad a las empresas del resto del Estado señalando que no se les cortará el grifo con el fin de cumplir con esta exigencia del partido de Carles Puigdemont. Y que "si hay que elevar el techo de los 14.100 millones, se elevará para cumplir con la demanda".
De todos modos, Junts ha pactado con los socialistas que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rinda cuentas en el Congreso sobre el cumplimiento de este pacto: tendrá que comparecer cada tres meses en la comisión de asuntos económicos de esta cámara. El ministro también tendrá que aportar un informe que recoja como se han territorializado los recursos.
El decreto ley incorpora medidas propuestas por el PP
La medida exigida por Junts no es la única propuesta por parte de otras formaciones que el Gobierno ha incorporado en este decreto ley. También ha llegado a un acuerdo con el PP para incluir algunas de sus ideas. Concretamente, ambas partes han acordado reducir la moratoria contable y coordinarse con las comunidades autónomas. Los populares celebran que hayan sido fructuosas las negociaciones entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el responsable de asuntos económicos de los populares, Juan Bravo.
Sin embargo, lamentan que no hayan podido incluir sus propuestas sobre competitividad, fiscalidad o medidas energéticas. Es por eso que dejan en el aire su apoyo a este decreto ley, que tendrá que convalidarse en el Congreso de los Diputados dentro de un mes. Sea como sea, las fuentes consultadas del Gobierno valoran positivamente las reuniones que han mantenido los últimos días con los distintos grupos parlamentarios y se muestran "optimistas" con la posibilidad de acabar recibiendo el apoyo del PP a su decreto ley.
Aprobado el primer paquete para contrarrestar los aranceles
Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la primera parte del plan de respuesta y relanzamiento de 14.100 millones de euros. El real decreto crea una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 5.000 millones de euros. También moviliza 2.000 millones de euros más para reforzar la cobertura de los riesgos de la internacionalización a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito en la Exportación.
Según la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, es un primer "escudo de protección" a las empresas y a los trabajadores que se compaginará con las medidas que adopte la Comisión Europea. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el ejecutivo quiere lanzar un mensaje de "confianza, unidad y cabez fría" ante el "shock" que ha generado la imposición de unos aranceles "injustificados y arbitrarios". "Ha impuesto una tarifa plana del 20% muy por encima de la Unión Europea, que está en torno al 5%", ha dicho.
Sánchez aprueba una transferencia de 2.084 millones para financiar programas y contratos de Defensa
Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado una transferencia de crédito de 2.084 millones de euros para financiar programas y contratos vinculados al Ministerio de Defensa. Según ha explicado Pilar Alegría, es una fórmula aplicada anteriormente para atender compromisos que estaban en marcha aunque no haya unos nuevos presupuestos. "Es la misma fórmula que se usó en 2024", ha detallado antes de apuntar que el dinero es para pagar acciones de "modernización, mantenimiento y mejora" de los efectivos e instalaciones. Mónica García —ministra de Sumar responsable de la cartera de Sanidad— ha añadido que se hará frente a "compromisos antiguos", aunque ellos han presentado "observaciones". "Dentro del gobierno de coalición tenemos nuestras discrepancias sanas", ha admitido.