Si no hay ningún giro inesperado de guion, la ley catalana de alquileres acabará en el Tribunal Constitucional. El Gobierno ya tiene preparado el recurso, que previsiblemente se aprobará durante el Consejo de Ministros de este martes. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido que no hay otra alternativa ante las evidencias de supuesta inconstitucionalidad. No obstante, y como "gesto", ha confirmado que no pedirán al tribunal la suspensión automática de la norma, que fija topes a los precios de alquiler en zonas tensionadas.
En rueda de prensa posterior a la ejecutiva del PSOE, el secretario de organización del partido ha asegurado que "es muy difícil no recurrir cuando el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya emite un informe tan negativo como el que emitió". En este sentido, ha remarcado que "si la anticonstitucionalidad es tan evidente, no podemos pasarlo por alto". Y ha remachado: "El derecho a la vivienda, para garantizarlo, pasa por hacerlo de acuerdo con la ley y no fuera de esta". A pesar de todo, ha anunciado también que no pedirán la suspensión automática. "No deja de ser un gesto importante", ha valorado el mismo Ábalos.
De hecho, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, se puso en contacto el viernes tanto con la vicepresidenta Carmen Calvo como con la portavoz socialista Adriana Lastra. Acordaron que, de momento, no se suspendiera.
La ley en cuestión se aprobó el pasado mes de septiembre en el Parlament y contempla que, en los municipios de más de 20.000 habitantes, el precio del alquiler no puede ser superior con respecto al fijado en un contrato anterior y que tampoco podrá sobrepasar el índice de precios fijado por la Generalitat. Sólo queda al margen la obra nueva. En el caso de incumplir la normativa, las sanciones oscilan de los 3.000 a los 90.000 euros.
El PSC avala el recurso
Esta misma mañana, el PSC ha avalado el posible recurso del Gobierno a la ley catalana de la regulación de los alquileres. En rueda de prensa este lunes, la portavoz socialista en el Parlament, Alícia Romero, ha reivindicado que desde su grupo ya advirtieron que la ley no era viable a causa de la falta de competencias.
"El Consell de Garanties Estatutàries ya dijo por unanimidad que Catalunya no tenía competencias para hacer aquella ley", ha recordado. Así pues, Romero ha pedido ceñirse a "nuestras competencias" y ha tildado el previsible final de la ley catalana de "crónica de una muerte anunciada". El pasado viernes, tanto los cuatro partidos que aprobaron la ley (ERC, Junts, CUP y comuns) como varias entidades del movimiento por la vivienda hicieron un clamor unánime para pedir a la Moncloa que no la recurra.