El objetivo de La Moncloa es uno: que el Congreso de los Diputados convalide la reforma laboral "tal cual". En estos términos se expresan fuentes del Gobierno en un contexto envenenado: mientras socios como ERC o el PNV mantienen sus reticencias, y quieren tramitarla como proyecto de ley porque es insuficiente, desde Ciudadanos se abren a aprobarla ellos, si justamente no se tocada nada. Todavía queda partido hasta al principio de febrero, cuando el real decreto llegue a las Cortes españolas. Pero, por ahora, los planes del ejecutivo de Pedro Sánchez, calculadora en mano, no se alteran.
En una entrevista en Onda Cero, Oriol Junqueras ha avisado de que si el Gobierno no hace ningún "cambio sustancial" en la reforma laboral, no darán su apoyo. El líder de ERC ha señalado algunos aspectos, como la lucha contra la parcialidad o el reforzamiento de las inspecciones de trabajo. En cambio, desde Ciudadanos se están poniendo bien. Este mismo martes, el portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, se ha subido al carro de la CEOE y ha tendido la mano para convalidarla "si no se toca una sola coma", la posición contrapuesta a los socios de Sánchez. Y también donde se encuentra el Gobierno en este momento, aunque sea haciendo temblar la mayoría de la investidura y la legislatura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Isabel Rodríguez ha defendido la actual reforma laboral porque, a diferencia de la del 2012 del PP, ha sido acordada con los sindicatos y la patronal. Por eso ha pedido nuevamente el "apoyo mayoritario", especialmente de aquellos con quienes tienen "más afinidad", como podrían ser ERC o EH Bildu, pero también del PP, del principal partido de la oposición. En este sentido, la dirigente socialista ha advertido de que sería "un error" oponerse.
Rodríguez ha hecho la vista gorda ante las peticions de los socios y también ante la hoja de ruta de los republicanos para los próximos años, que sigue pasando por un referéndum de independencia. Una semana más, la ministra portavoz se ha limitado a subrayar la "importancia de haber recuperado el diálogo entre instituciones y la normalidad de las relaciones", y a dejar claro que "no están de acuerdo" en las demandas del president Pere Aragonès, verbalizadas la semana pasada en Madrid.
"Boicot" a los fondos europeos
Otro frente de conflicto son el reparto de los fondos europeos, después de que Isabel Díaz Ayuso haya iniciado una batalla en los tribunales y se haya sumado el PP en bloque. Desde la sala de prensa de La Moncloa, Isabel Rodríguez ha señalado como sólo el año pasado se produjeron unas 200 reuniones sectoriales con las comunidades y ha cargado contra los populares por intentar poner "zancadillas" y "boicotear" la llegada de este dinero desde Bruselas pero les ha avisado de que no se saldrán con la suya. Se ha preguntado a qué tiene miedo Pablo Casado: "¿Que si le va bien en España le vaya mal a él?". Y ha remachado: "A pesar de su boicot, se van a desplegar. No sólo no tiene ninguna duda la Comisión Europea, sino que confía plenamente en España".
Fuentes del Gobierno remarcan que han mantenido contacto con la Comisión Europea por estas denuncias pero que no están preocupados. "Saben que no se ha malversado, que se cumplen los objetivos y que el dinero está bien utilizado", señalan estas fuentes. También remarcan cómo el nivel de seguridad es tan alto que Bruselas tiene acceso al sistema informático de reparto y gestión y puede consultarlo todo.