Buena noticia para el catalán. El Ministerio de Educación ha descartado forzar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un mínimo del 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas.
Fuentes del departamento han defendido que regular qué porcentaje de clases se hacen en cada idioma corresponde al Govern, ya que la competencia sobre la materia es autonómica. Entonces, solicitar la ejecución de la sentencia implicaría una invasión de las competencias de la Generalitat. Todo, según una carta a la cual ha tenido acceso la ACN y que el Ministerio de Educación ha trasladado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por la eurodiputada Dolors Montserrat (PP).
Competencia autonómica
"La política lingüística en la escuela no es competencia del Estado, sino de las administraciones educativas", dice la respuesta de Educación. Asimismo, considera que "la constitucionalidad del régimen lingüístico en los territorios con lengua cooficial dependerá de una valoración flexible que determine que ambas lenguas tienen presencia", a la vez que todo el mundo "alcance el dominio lleno y equivalente en ambas". Una serie de cosas que se tienen que conseguir "sin que el Estado pueda intervenir en la definición de las políticas autonómicas que regulen este deber, según la Constitución y la consolidada doctrina constitucional."
Si citan tantas veces la palabra "constitucional" es porque las mismas fuentes admiten que si el ministerio solicitara ejecutar la sentencia sobre la presencia mínima del castellano en las aulas catalanas, la Generalitat podría recurrir al Tribunal Constitucional. Así, el TC podría acabar sentenciando que el Estado está invadiendo competencias autonómicas. Y el Gobierno no necesita ninguna derrota más en el alto tribunal.
Marcha atrás
En diciembre, la sala contenciosa del TSJC estimó parcialmente un recurso interpuesto por el mismo Ministerio de Educación y estableció un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en las escuelas de Catalunya. Además, remarcando que el uso actual de la lengua castellana es "residual", en un momento en que el catalán continúa de bajada entre los más jóvenes.
Con la sentencia en mano, el TSJC anuló dos proyectos lingüísticos escolares porque solo tenían como lengua vehicular el catalán, ya que incumplían a la conocida como ley Celáa. Una decisión que no gustó al Govern, que se preparó para recurrir las sentencias del tribunal. Ahora, sin embargo, el Ministerio ha decidido hacer marcha atrás y no pedir que la Generalitat garantice la presencia del castellano en las aulas catalanas.
Imagen principal: Niños dan clase en una escuela de Catalunya / ACN