El Gobierno ha anunciado este martes un anteproyecto de ley para reformar de forma íntegra el acceso a la carrera judicial. En primer lugar, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha explicado que las becas españolas que se otorgan a los opositores se elevarán por ley al mismo importe que el Salario Mínimo Interprofesional y durante cuatro años, con la vocación de que no solo las personas pertenecientes a familias de clase media o alta puedan permitirse estudiar para ser juez o magistrado. "La baja renta de tu familia ya no será un impedimento" para convertirte en profesional de la justicia, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. En Catalunya, estas becas las otorga la Generalitat, en tanto que el Gobierno tiene competencias en Justicia. Desde 2022 se convocan 50 plazas para obtener estas ayudas.

En la presentación de este anteproyecto, Bolaños ha asegurado que el Gobierno tiene la voluntad de reformar en profundidad la Ley del Poder Judicial de 1985 a fin de que haya "igualdad de oportunidades en el acceso" y una mayor "pluralidad y transparencia" en la carrera judicial. Sea como sea, se trata al fin y al cabo de un anteproyecto de ley que ahora tiene que pasar sus filtros en forma de informes y más adelante tendría que ser aprobado por el Congreso de los Diputados

Bolaños ha explicado que se creará un organismo público, el Centro de Estudios Jurídicos, a fin de que los estudiantes puedan ir allí a prepararse sus oposiciones. Estos centros se ubicarán en edificios pertenecientes al Ministerio de Justicia repartidos por el territorio español con el objetivo de que cualquier opositor pueda ir a estudiar. Habrá un registro público de jueces y magistrados que actuarán como preparadores.

Por otra parte, la prueba oral de acceso a la carrera judicial y fiscal será sustituida por una prueba escrita basada en un caso práctico. Los que accedan a través del cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y después serán evaluados sus currículums. Los exámenes serán, también, anónimos para una mayor transparencia.

Con el fin de otorgar más "certezas" a los magistrados, Bolaños ha afirmado que su promoción ya no se producirá cuando haya una vacante, sino por un "sistema de antigüedad". También ha informado de que el número de miembros del organismo consultivo que tiene la carrera judicial, la Comisión Ética, se ampliará de cinco a nueve. Los cuatro nuevos miembros serán escogidos por las Cortes. Para mejorar la independencia de los jueces, el ministro también ha anunciado que se prohibirá la financiación privada de las asociaciones profesionales de jueces.