El Gobierno se marca una hoja de ruta para el año 2024. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el llamado Plan Anual Normativo, una recopilación de todas las normas que quiere aprobar en los próximos ocho meses. Son 198 iniciativas, que incluyen 49 leyes, de las que seis son orgánicas y 43 son ordinarias, y 149 reales decretos (que tienen rango de reglamento, inferior a las leyes, y no pasan por el Congreso). El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Corts, Félix Bolaños, ha calificado este plan de “realista y ambicioso” y ha puesto de relieve que “renueva el compromiso” del Gobierno con “la agenda progresista” y apuesta por las “grandes reformas necesarias” y por los “avances en derechos”. Del total de 198 normas, casi la mitad (98) son compromisos con la Unión Europea: 36 tienen que ver con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los hitos para poder solicitar el desembolso de fondos europeos y 62 son incorporaciones al derecho español de normas que son derecho europeo. Las 49 leyes que quiere impulsar la Moncloa podrán cristalizarse a través de reales decretos ley o de proyectos de ley: en ambos casos, tendrán que contar con los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Por otra parte, Félix Bolaños ha hecho balance del Plan Anual Normativo del 2023: 41% de las iniciativas normativas previstas fueron aprobadas y el 11% estaban en tramitación. En total, el 52% “se cumplieron”. Bolaños ha señalado que el camino normativo del año pasado estuvo marcado y condicionado por los “conflictos geopolíticos que está sufriendo el mundo” y por el hecho de que “la legislatura no llegó a los seis meses de actividad parlamentaria llena” y ha subrayado que, justamente, el 52% de cumplimiento coincide con el periodo de actividad de las Cortes Generales en máximo rendimiento, que fue la mitad del año. “Nos podemos sentir satisfechos”, ha exclamado.

De la Ley del Cine a la Ley contra la Explotación de Seres Humanos, pasando por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

De cara a 2024, el ejecutivo se marca diferentes ejes. En primer lugar, la “modernización socioeconómica desde una perspectiva verde y digital” pasa, por ejemplo, por la Ley de Industria y la Ley del Cine. En segundo lugar, la “mejora y modernización de las instituciones públicas” se vehicula a través de la Ley para la Transformación de la Administración Pública o de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en palabras de Bolaños, “no se puede estar juzgando delitos del siglo XXI con una norma del siglo XIX”). En tercer lugar, el Gobierno plantea iniciativas para “avanzar en derechos para toda la ciudadanía”: por ejemplo, la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección ante la Violencia de Género, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. En cuarto lugar, la voluntad de “mejorar las condiciones y los derechos laborales” se canaliza mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores o la ampliación por ley del nivel asistencial de la protección por desempleo.

En otro sentido, Bolaños ha puesto énfasis en los jóvenes, con los que hay “una deuda de derechos y oportunidades a saldar”. Por este motivo, la Moncloa quiere aprobar, entre otras, la Ley de Juventud, la Ley para la protección de los menores en los entornos digitales, la Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. También apuesta por tirar adelante un Estatuto del startup de estudiantes y un Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales, en el cajón

En este tipo de presentaciones, una de las preguntas a poner sobre la mesa tiene que ver con las leyes que quedan aparcadas fuera del perímetro de las previsiones del ejecutivo. Así que, si bien en otras ocasiones sí que figuraba, en esta ocasión sorprende que la nueva Ley de Secretos Oficiales “no está incluida”. Bolaños ha esgrimido que en el Congreso de los Diputados se está tramitando una proposición de ley del PNV en esta dirección y ha apuntado que se puede trabajar con esta norma. Asimismo, ha recordado que el año pasado el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley y que puede ser “sobre aquella base y sobre la proposición de ley” que “se pueda trabajar para actualizar la normativa”.

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Ante este hecho, el PNV no ha tardado en reaccionar. La formación jeltzale reconoce la “sorpresa” por la ausencia de esta ley en el Plan Anual Normativo, pero “recoge el guante” y pide al Gobierno que “acelere la tramitación” de su proposición de ley. Durante el pleno del Congreso que votó la toma en consideración, el diputado Mikel Legarda pidió al ejecutivo que “no tenga la tentación de dejar morir este asunto como en tantas ocasiones en el pasado”. Asimismo, en un comunicado, el PNV lamenta que, en términos generales, “tirar proyectos de ley sin consensuar” con los grupos parlamentarios solo “genera más ebullición a la legislatura”.

Un plan más ambicioso que el del año pasado

Si cogemos las cifras que ha esbozado el ministro Bolaños, constatamos que las 198 normas y las 49 leyes suponen un incremento con respecto a las previsiones del año pasado. También superan las de 2021, se sitúan próximas a las de 2020 y están muy por debajo de las perspectivas de 2022:

  • En 2023, se preveían 117 iniciativas normativas: 36 leyes (3 orgánicas y 33 ordinarias) y 81 reales decretos.
  • En 2022, 368 iniciativas: 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos.
  • En 2021, 144 iniciativas: 34 leyes (6 orgánicas y 28 ordinarias) y 110 reales decretos.
  • En 2020, 172 iniciativas: 57 leyes (4 orgánicas y 53 ordinarias), 114 reales decretos y un proyecto de reforma constitucional (la modificación del artículo 49).