El Gobierno pide tiempo para que la ley de amnistía pueda aplicarse íntegramente. Después de que el ministro Óscar Puente reprobara ayer que la interpretación que hace el Tribunal Supremo de la norma del olvido penal “no tiene por dónde agarrarse” y reprochara al Alto Tribunal que “se extralimite”, el ministro Félix Bolaños ha recordado que la postura del Gobierno es una “posición conocida”, dado que en su día la Moncloa mostró su “discrepancia” con los “argumentos jurídicos” y las “valoración políticas” que hacían las resoluciones del Supremo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha subrayado que esta discrepancia “la comparten todas las partes que están personadas en el procedimiento judicial, excepto Vox” y ha recordado que todas ellas, “incluyendo la Fiscalía y la Abogacía del Estado”, han recurrido la resolución del Supremo.
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Por lo tanto, a parecer de la Moncloa, ahora hay que esperar que la Sala de Apelaciones del Supremo “se pronuncie” y “acoja los argumentos jurídicos muy potentes para que se pueda aplicar con toda normalidad una ley que es muy clara en su propósito y letra”. “Somos un Estado de derecho y contra las resoluciones contra las que uno discrepa lo que cabe son presentar recursos”, ha añadido Félix Bolaños después de . Eso sí, ha reconocido que, aunque “se discrepe” del Supremo, si de sus decisiones “se deriva una orden de detención activa”, esta “tiene que aplicarse”.
Estas palabras de Bolaños llegan poco después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya reprochado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que no estén actuando frente a la no aplicación de la amnistía. “No basta con criticar, si alguien sabe que se comete un delito, y esto presuntamente es un delito de prevaricación, debe actuar”, ha esgrimido en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio.
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El Supremo y el Constitucional, a la carga contra el Gobierno
Las palabras de ayer del ministro Óscar Puente han sentado mal en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, según relata esta mañana El Mundo. Desde el Alto Tribunal, señalan que “no hay extralimitación, sino una mala redacción de la ley” y recuerdan que es lo mismo que “sucedió con la ley del sí es sí”. Sin embargo, las voces del Supremo reconocen que están convencidas, igual que Puente, que la mayoría progresista del Constitucional corregirá las decisiones del Supremo y resolverá a favor de que se amnistíe la malversación atribuida al referéndum del 1 de octubre. En el Supremo hay preocupación de que esto pueda trasladar a la ciudadanía que el TC hará justicia al corregir al Supremo. Por otra parte, fuentes del TC consultadas por El Mundo también lamentan las declaraciones de Puente y reprueban, en general, la “falta de prudencia” de algunos dirigentes políticos. Además, sostienen que todavía es “precipitado y arriesgado” aventurar cuál será el desenlace de los recursos que lleguen al TC.
El Ministerio del Interior contestará este martes el requerimiento de Pablo Llarena
Asimismo, Félix Bolaños ha anunciado que el Ministerio del Interior responderá este martes la petición que hizo Pablo Llarena sobre al “operativo inicialmente aprobado y dispuesto” para la detección de Carles Puigdemont “en frontera y posterior detención” y a las “órdenes que fueron cursadas para su detección en frontera y eventual detención después de su fuga”. En palabras de Bolaños, el ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska “reiterará” que “el operativo que tenía que garantizar que el debate de investidura se desarrollara con normalidad y el operativo para la ejecución de la orden de detención” era un operativo de los Mossos d'Esquadra y recordará que “España y Francia son dos países de la Unión Europea” y que, como forman parte del espacio Schengen, “hay libertad de circulación y no hay control fronterizo”.