“Estamos poniendo toda la carne en la parrilla para poder sacar adelante las cuentas y los acuerdos parlamentarios”. El Gobierno empieza el año manteniendo intacta la esperanza que conseguirá luz verde a los presupuestos generales del Estado de 2025. Eso sí, mantiene la conciencia que es una negociación compleja en la que se tendrán que esforzar. Así lo ha reconocido el ministro Ángel Víctor Torres en una entrevista en el Hoy por Hoy de la Cadena SER: “Nosotros estamos trabajando y, como ha dicho el presidente del Gobierno, sudaremos la camiseta hasta el final. Nosotros queremos presupuestos, es bueno tener presupuesto, no solo para el gobierno de España, sino para todas las instituciones, hasta el último ayuntamiento”, ha sostenido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. “Sudamos la camiseta, luchamos todos los partidos hasta el último segundo, no damos ninguno por perdido. Esta es la actitud que pido a mis ministros y con la que hemos venido gobernando con buenos resultados”, reivindicó Pedro Sánchez hace quince días desde Bruselas. El Gobierno habría tenido que presentar los presupuestos en el Congreso el mes de octubre (así lo prevé la Constitución), pero la compleja realidad parlamentaria del ejecutivo lo ha impedido. Actualmente, las cuentas que están en vigor son las de 2023, después de que en marzo la Moncloa optara por prorrogarlos de cara al 2024 a raíz del adelanto electoral en Catalunya, que complicaba nuevos acuerdos presupuestarios con Junts y ERC.
Y es que en la Moncloa son conscientes de que la endemoniada aritmética parlamentaria del Congreso encarece cualquier negociación y dificulta que fructifiquen las leyes que el Gobierno quiere sacar adelante. De hecho, Sánchez cerró 2024 testimoniando el afloramiento de la alianza entre el PP y Junts en la cámara baja, que llevó, entre otras cosas, a derogar el impuesto a las energéticas (que el Consejo de Ministros restituyó con un nuevo decreto que tendrá que ser convalidado en el Congreso durante el mes de enero). Todo eso, conduce a Ángel Víctor Torres a reconocer que llevar las cuentas públicas de 2025 a buen puerto “no es fácil”. “Estamos trabajando con los apoyos parlamentarios, entre ellos también Junts, para poder sacarlo adelante. Es un gobierno de coalición, que es resultado de lo que quiso la ciudadanía. Nosotros presentaremos estas cuentas y las llevaremos donde sea procedente para ver si finalmente se aprueban”, ha remachado.
Ahora bien, de momento, el gobierno español todavía no tiene el apoyo de Junts para una nueva senda de déficit: los juntaires la tumbaron en julio y, posteriormente, abocaron a la Moncloa a retirarla para evitar un nuevo batacazo. Y todavía no ha habido fumata blanca.“No negociaremos presupuestos para el próximo año si antes no se han cumplido los actuales. ¿Qué significa esto? Que aquellos millones prometidos de inversión lleguen a Catalunya”, advertía el secretario general de Junts, Jordi Turull, hace un mes en una entrevista en ElNacional.cat.
“No es lo mismo gobernar con un presupuesto prorrogado”
Y un último argumento de Ángel Víctor Torres a favor de unos nuevos presupuestos: “No es lo mismo gobernar con un presupuesto prorrogado o con un presupuesto que tú tiras adelante”, ha sostenido. Eso choca con el parecer del ministro Óscar Puente, que en más de una ocasión ha minimizado las consecuencias de prorrogar las cuentas. “Los presupuestos tampoco lo son todo”, reconoció el titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible en junio en una entrevista en Onda Cero. Defendió que España se podría “permitir” continuar este año con las cuentas públicas prorrogadas, ya que el presupuesto de 2023 es “expansivo” y “hay herramientas que permiten actualizarlo”, aunque esgrimió que “no sería deseable”. “Los de 2023 son nuestros presupuestos, no unos heredados de otros gobiernos, no tener otros no sería ningún drama ni un obstáculo para la legislatura”, insistió en septiembre en una entrevista en El País. “¿Se puede mejorar alguna cosa? Sí, pero tampoco crean que mucho. No habrá una gran diferencia entre unos presupuestos nuevos y los del año 2023, que tienen una lectura progresista”, añadió.
El acuerdo para delegar las competencias en inmigración a Catalunya “no es sencillo”
Una de las otras carpetas centrales que tiene el Gobierno sobre la mesa es la delegación de las competencias en inmigración a Catalunya acordada entre el PSOE y Junts hace un año exacto a cambio del aval a los tres primeros reales decretos ley de la legislatura. “Es un acuerdo que no es sencillo, que exige también una modificación que lleva consigo una mayoría cualificada, con la que se está trabajando por parte de los interlocutores. Ninguna negociación es fácil, los ministros tenemos competencias diversas, unos negociamos con unas fuerzas políticas y otros con otros, pero estamos poniendo toda la carne en el asador para poder sacar adelante las cuentas y los acuerdos parlamentarios”, ha reivindicado.
La voluntad de Junts era anunciar el acuerdo sobre la “gestión integral” de la inmigración antes de finales de 2024, con el texto concreto de la propuesta, pero la negociación todavía no ha llegado a buen puerto. “Se ha hecho un trabajo increíble jurídicamente, porque estamos hablando del instrumento. No estamos hablando de las políticas de inmigración, que las podremos hacer desde Catalunya”, sostenía el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en ElNacional.cat a finales de noviembre. Después, “se tendrá que pactar con los otros grupos”, reconocía.