El Gobierno, al menos el socio mayoritario, mantiene cierta omertá sobre los escándalos que salpican la Casa Real. Esta vez ha sido a raíz de la petición de regularización fiscal presentada por el rey emérito Juan Carlos I, fugado en los Emiratos Árabes, y de los exmilitares que mandan cartas a Felipe VI. A pesar de las voces que se alzan desde de Unidas Podemos, la portavoz María Jesús Montero ha querido cerrar el debate. En primer lugar, ha rechazado dar información sobre la situación de "ninguna persona o empresa concreta". En segundo lugar, ha dejado claro que quién se tiene que pronunciar, si lo quiere es, es La Zarzuela, no La Moncloa. Eso sí, ha defendido que "todos los españoles tienen que cumplir sus obligaciones".

De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz ha utilizado la misma respuesta para todas las preguntas sobre la Casa Real. En primer lugar, sobre la regularización fiscal y situación del emérito. En segundo lugar, sobre si Juan Carlos I tendría que desmarcarse de los exmilitares que en chats y cartas al mismo monarca se pronuncian en términos golpistas. La respuesta: que el Gobierno no tiene nada que decir, sino que corresponde a la Casa Real.

Con respecto a la regularización fiscal, revelada por El País el Día de la Constitución, María Jesús Montero ha dejado claro que, como ministra de Hacienda, "no puede hablar de ningún contribuyente" ni sobre "si hay investigaciones en relación a ninguna persona o empresa concreta". El ejecutivo simplemente "respeta" y "colabora" con las instancias judiciales. Además, ha subrayado que se trata de figuras fiscales autonómicas, no estatales. Sólo se ha salido ligeramente del guion para decir que "el gobierno seguirá trabajando para que todos los españoles cumplan todas sus obligaciones fiscales, vivan donde vivan." De esta manera, "combatirán cualquier forma de elusión o fraude". A partir de aquí, "poco más puede comentar" la ministra.

También ha sido preguntada sobre si el hijo, el rey Felipe VI, tendría que rechazar públicamente a los exmilitares que le envían cartas en términos golpistas. Y ha tenido las mismas palabras: "No haremos ninguna valoración" porque no les corresponde. "Nunca hemos entrado a dar consejos públicos. La Casa Real tiene todos los argumentos para hacerlo, si quiere hacerlo, pero en ningún momento influenciado por el Consejo de Ministros". Ha dejado que cualquier valoración hecha por un miembro del ejecutivo forma parte de las "opiniones particulares de cada uno de los ministros". Y ha cerrado el debate: "No tenemos que opinar porque compete exclusivamente en la Casa Real".

Lo único que ha dicho de la cuestión es que el Gobierno, a través de la ministra Margarita Robles, ya ha expresado "claramente" su opinión sobre el chat de exmilitares. Ahora la pelota no está en su tejado.