Intentos desde la Moncloa de quitar hierro al rechazo por parte del Reino Unido a la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la consellera de Educación catalana Clara Ponsatí. Todo eso después de que esta tarde se publicara que las autoridades policiales del Reino Unido no pensaban tramitarla al verla "desproporcionada".
En un comunicado, el Gobierno defiende que la solicitud de ejecución de una orden de detención y entrega europea es un proceso "eminentemente judicial", quitando importancia al posicionamiento policial al respecto. Explican que la policía británica recibe la petición a través del SIRENE, el sistema de comunicación entre países del espacio Schengen, y la National Crime Agency hace un control previo antes de seguir adelante con el procedimiento y remitir la solicitud a las autoridades judiciales británicas.
La Moncloa dice que lo único que ha hecho a la policía británica es pedir "información complementaria" y atribuyen a un "error" de SIRENE la calificación de petición "desproporcionada", negando que la National Crime Agency, encargada de valorar la petición, haya utilizado este adjetivo.
Así pues, insisten en que "la solicitud cursada sigue pendiente de ser admitida" y adelantan que "se están realizando las gestiones pertinentes para concretar y facilitar la información que sea precisa".
El segundo comunicado
Posteriormente, la Moncloa ha difundido un segundo mensaje del sistema SIRENE del Reino Unido donde insisten en que faltan detalles básicos a la petición, como por ejemplo "el lugar y el momento en que se cometió el delito" y una "conexión clara" entre el delito atribuido y Ponsatí. Hasta que no se incluyan estos detalles, la policía se niega a valorar si saca adelante el procedimiento.
Al final del texto, también aclaran que en el mensaje anterior se decía "erróneamente" que la garantía era desproporcionada: "No es desproporcionada, actualmente sólo falta información esencial". "Pedimos disculpas por este mal entendido", acaban.