Después de la polémica generada por los efectos de la ley del "solo sí es sí", una de las grandes insignias del ministerio de Igualdad de Irene Montero, que ha provocado que algunos agresores sexuales hayan visto rebajadas sus penas y hayan podido salir de la prisión, el Gobierno ha optado ahora por no aprobar en el consejo de ministros de este martes la ley contra la trata, una norma que depende del ministerio de Justicia y que ha enfrentado en varias ocasiones las dos partes del gobierno de coalición. Moncloa ya la ha ido retrasando y ahora, en medio de la polémica y de las críticas feroces de la oposición que pide la dimisión de la ministra, de nuevo ha decidido guardarla en un cajón. Con todo, el equipo de Irene Montero ha optado por quitar importancia a este hecho, a pesar de que Ángela Rodríguez, secretaría de Estado de Igualdad y mano derecha de la morada, sí que ha reconocido que si fuera por su departamento ya estaría aprobada.
Sin ir más lejos, Igualdad quería que esta ley se aprobara en el Consejo de Ministros de la semana pasada, cuando las aguas todavía estaban tranquilas y faltaban horas para que estallara la polémica. Pero aquel día, Pilar Llop, ministra de Justicia y también una de las grandes criticadas por los efectos del "solo sí es sí", no asistió porque era positiva en covid, y, por lo tanto, se pospuso. Ahora, desde Unidas Podemos esperan que se pueda aprobar la próxima semana, el 29 de noviembre, descartando que el hecho de que todavía no se haya aprobado tenga nada que ver con las discusiones entre socialistas y los ministros de Unidas Podemos por su contenido. Ayer lunes, Rodríguez y Victoria Rosell, también secretaría de Estado y en el punto de mira como el resto de compañeras del ministerio, aseguraban que les faltaba resolver algunas cuestiones con Interior sobre esta ley, que implica en muchos departamentos, hecho que complica su aprobación.
Choque entre Justicia e Igualdad para la ley
De hecho, ha sido rodeada de polémica desde su inicio, ya que meses después de que Igualdad anunciara que tenía un borrador sobre esta normativa, que para Irene Montero era una prioridad, Llop anunció el mes de marzo que su departamento se ponía a trabajar contrarreloj para aprobar esta ley antes de que acabara la legislatura, sin mencionar en ningún momento el trabajo hecho ya por Igualdad, que se sorprendieron ante este anuncio. Con los meses, Llop ha ido reiterando que se trata de una ley que incluye en muchos departamentos y que, por lo tanto, es de "todo el Gobierno". A finales de septiembre, la expresidenta del Senado, aseguraba que el documento ya estaba circulando entre los ministerios y que se había reunido con Montero para conseguir que todo el mundo se sintiera involucrado en su elaboración y perfeccionar el texto: "Derechos Sociales tendrá mucho a decir, Hacienda, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y también Igualdad, que tendrá que dar su opinión en materia de explotación sexual," decía Lobo, intentando poner paz. Por eso, siempre se ha entendido esta ley como una prioridad del equipo de Irene Montero, ahora cuestionado.
Antes de que empezaran a salir los primeros agresores de las prisiones a raíz de la ley del "solo sí es sí" y de gira por América Latina, Irene Montero aseguraba que esperaba que la ley fuera aprobada aquella misma semana, algo que no sucedió, recordando que la ley contra la trata es un compromiso personal de Pedro Sánchez así como de su ministerio: "Es una de las normas claves de la legislatura porque el tráfico con el objetivo de explotación sexual es una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres". Con todo, reconocía que todavía quedaba para aclarar la situación de las víctimas "en una situación administrativa irregular para que puedan acceder al permiso de residencia y trabajo de forma temporal", cosa que va más allá de sus competencias.