La incertidumbre es total en Madrid frenta al mecanismo ingeniado por la Generalitat para cubrir las multimillonarias fianzas del Tribunal de Cuentas. Por una parte, desde La Moncloa sostienen que no tienen suficiente información como para pronunciarse al respecto, y que revisarán la norma para ver si tiene encaje legal o no. Y, por otra parte, desde el propio Tribunal de Cuentas tampoco aclaran si aceptarán esta solución que han encontrado los servicios jurídicos de la Generalitat. La fórmula escogida ha sido la creación de un un Fondo Complementario de Riesgos que dependerá de la Generalitat y contará con una dotación inicial de 10 millones de euros, con el objetivo de "proteger todos los servidores públicos" y hacer frente a las reclamaciones judiciales o administrativas a trabajadores públicos y altos cargos.
Desde La Moncloa han seguido atentamente la comparecencia del conseller de Economía, Jaume Giró, antes de salir ellos en rueda de prensa. Fuentes del Gobierno señalan que exactamente no han entendido lo que había anunciado el dirigente catalán, si se trata de préstamos a los afectados o bien de avales, y qué papel juega el nstitut Català de Finances. Las mismas fuentes, eso sí, admiten que la mayoría de comunidades autónomas cuentan con pólizas para cubrir las responsabilidades patrimoniales de altos cargos en el ejercicio de sus funciones.
Con todos estos interrogantes encima de la mesa, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que sólo han visto los titulares y que no conocen en profundidad el acuerdo adoptado por la Generalitat. Es por eso que se ha limitado a trasladar que, cuando tengan más detalles, harán llegar todas las consideraciones. Ha querido dejar claro, eso sí, que "el gobierno de España velará en Catalunya y todas las comunidades autónomas por la legalidad". Pero no ha ido más allá de estas consideraciones genéricas, evitando entrar en el fondo de la cuestión. Todavía menos sobre si el Govern Aragonès incurriría en malversación, como denuncia la triple derecha.
Montero también ha aprovechado para recordar, un martes más, que el Tribunal de Cuentas, es un órgano constitucional pero no judicial, que respetan todas sus investigaciones y que sus decisiones pueden ser recurridas ante la justicia. "Es importante que esta investigación lo antes posible", ha deseado la dirigente socialista.
Por otra parte, fuentes del Tribunal de Cuentas han señalado a la ACN que, en estos momentos, no pueden asegurar si se aceptarán las fianzas en caso de que provengan del fondo complementario de riesgos creado por la Generalitat. No obstante, esta mañana El Mundo recogía otras fuentes del organismo que advertían que la Generalitat podrían cometer "fraude de ley" avalando las 34 personas encausadas por este proceso.
El crimen homófobo
El otro asunto que ha centrado buena parte de las preguntas del Consejo de Ministros ha sido el crimen homófobo de Samuel, un joven gay de la Coruña apaleado hasta la muerte al grito de maricón. El Gobierno ha condenado el asesinato y ha querido escenificar su rechazo a la homofobia. En este sentido, la portavoz María Jesús Montero ha lamentado que haya organizaciones y personas que "promuevan este tipo de conductas" y discursos de odio o, igualmente grave, justifiquen o eviten la condena de este tipo de agresiones.