El Gobierno está en disposición de “declarar la reparación y el reconocimiento personal” de Salvador Puig Antich si así lo decide la familia. Es el compromiso que ha adquirido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a pregunta de Eduard Pujol durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Junts per Catalunya reclamaba que el Estado “pida perdón” por el asesinato de Puig Antich, que fue asesinado el 2 de marzo de 1974 en el garrote vil. Pujol, que ha afirmado que eso “fue tan grande que todo lo que no sea pedir perdón sin ambages no sirve”, ha pedido al ministro que no se limite a pronunciar “discursos bonitos y de excusa” y le ha reprochado que “se equivoca” si no es capaz de pedir perdón. El diputado juntaire ha exigido a la Moncloa que “no falle ni a la razón ni a la memoria” y ha aseverado que el ejecutivo “no se puede excusar en una telaraña legal para no hacer nada” y no puede ceder delante de los que “vociferan y amenazan”. “Las democracias, si lo son, tienen que saber decir perdón porque la exigencia de dignidad no caduca nunca”, ha remachado. La propuesta del Gobierno, tal como ha verbalizado Ángel Víctor Torres, es la misma que se hizo con el president Lluís Companys: en diciembre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó una declaración de “reparación”, “reconocimiento” y “restitución” de la dignidad de la figura de Companys que, a la vez, rechazaba y condenaba el Consejo de Guerra sumarísimo que lo condenó a muerte.
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En su turno, el ministro Ángel Víctor Torres no ha pedido perdón por el asesinato de Puig Antich, pero sí que ha sostenido que fue un “hecho aborrecible cometido por la dictadura”. Ha relatado que Puig Antich “fue asesinado vilmente” después de “ser juzgado sin garantías por un Consejo de Guerra que no era un tribunal competente” y tenía “una motivación política”. El ministro de Memoria Democrática ha centrado su respuesta en exponer los “pasos importantes” que ha dado el Gobierno, que “tiene claro que ningún vestigio de la dictadura puede ser defendido, sino que tiene que ser vilipendiado y retirado”: ha mencionado la supresión de la pena de muerte en 1978 (y en 1995 en el ámbito militar), la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022. En este sentido, ha reiterado el compromiso de la Moncloa de “seguir trabajando en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática”, ha recordado que esta norma, aprobada en octubre del 2022, declara “la nulidad de condenas y sanciones de Consejo de Guerra y por motivos políticos” y ha esgrimido que “es, concretamente, el caso de Salvador Puig Antich”.
Eduard Pujol ha replicado al ministro que su respuesta “pasa con un cinco pelado el examen de primero de memoria democrática”. Ha argumentado que el franquismo “escogió muerte y escarnio” y mató a Puig Antich para “aleccionar a los jóvenes que venían detrás”. “Lo condenaron los parientes lejanos, o no tanto, de los que viven instalados en las cloacas del Estado, que son los mismos de la Operación Catalunya, Pegasus y la mentira del 11-M”, ha proclamado.