La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha comparecido este viernes después del Pleno del Consejo de Aragón y ha hablado sobre su imputación por encubrimiento en el caso de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. La dirigente de Compromiso ha reiterado que no contempla dimitir, "destacaré una frase del acto de imputación: "Cierto es que no existe prueba directa. Es la frase que define el acto". De esta manera, ha defendido que su situación no ha cambiado y, por lo tanto, no se plantea la de emisión. En este sentido, ha defendido que su posición es "ética, estética y política, no es una postura personal, que es lo que me ha caracterizado siempre", ha dicho Oltra, que ha insistido en que se trata de una "cacería de la extrema derecha" y ha afirmado que esta gente "no puede ganar". 

La líder de Compromiso ha asegurado que no ha hablado con el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, sobre este asunto y ha rechazado que este caso sea equiparable a las exigencias que ella hacía al PPCV y al 'expresidente' Francisco Camps en su etapa en la oposición antes de 2015: "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa" y ha dicho que ella ha actuado con "total transparencia y lealtad parlamentaria" dando todas las explicaciones posibles, y que siempre ha desvinculado las imputaciones de las líneas éticas. 

Imputación

La sala civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) imputó este jueves a Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Oltra declarará delante del TJC el próximo 6 de julio. En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017.

El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Después de la condena, la menor denunció la situación en la cual se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y un técnico. Un total de 13 investigados. Según la Fiscalía, "nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos, fue repuesto en sus funciones".

Apoyo de Ximo Puig 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado el suyo "respecto a la Justicia y a sus procedimientos" después de la imputación de la vicepresidenta y ha mostrado su "voluntad al hecho que se esclarezca y se tome la decisión que sea más justa". Puig conoció la noticia después de la clausura de la Asamblea General de la CEV, una de los encuentros de empresarios valencianos más importantes, y aseguró que esta situación no afecta "en absoluto" la estabilidad del gobierno valenciano y ha señalado que porque es una "cuestión puntual" en un contexto en el cual la Comunidad Valenciana ha "pasado de una mala reputación a un momento positivo".