Las elecciones en la Comunidad de Madrid salpican cualquier tema de debate, obviamente también el coronavirus. Las intenciones de la presidenta en funciones madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es suministrar la vacuna rusa Sputnik y ya ha encontrado respuesta de sus opositores. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha establecido un paralelismo para tildar la idea de disparate: "Imagínese lo que hubiera pasado si en vez de protagonizarlo Ayuso lo hubiera hecho la Generalitat de Catalunya, es decir, que hubiera ido por solitario. Estoy convencida que el PP se hubiera puesto las manos a la cabeza. Sólo es un postureo de la señora Díaz Ayuso en plena campaña electoral", en declaraciones a RNE.
De hecho, Montero tampoco ve, por el momento actual, "adecuado ni oportuno contactar con las autoridades rusas para hacer una gestión que es imposible desde una comunidad autónoma". La portavoz del Gobierno recuerda que la compra de vacunas tiene que estar autorizada por el EMA y "la ciudadanía debe tener seguridad en la vacuna, hacerlo de forma centralizada y cumpliendo las pautas". Por eso, considera que "no tiene sentido trasladar incertidumbre ni hacer declaraciones excéntricas" sobre aspectos que nunca pasarán y que la líder popular "no tiene la competencia regulatoria". Además, recuerda que el PP "no ha aprobado ni una sola ley, no ha dado ayudas a las empresas y prefiere vivir permanentemente en la pelea" madrileña.
El ejecutivo de Ayuso se ha reunido hasta tres veces con los equipos negociadores y productivos rusos de la Sputnik y ha asegurado que se trata "de explorar el mercado internacional para tener abiertas todas las posibilidades". Madrid defiende que se encontró con la compañía rusa en una actitud "de escucha activa", pero dejó claro que toda decisión dependería y estaría bajo las decisiones del EMA, quien aprueba las vacunas en territorio europeo. Los rusos han garantizado que cuando su vacuna sea aprobada en Europa, Madrid tendrá suministro en la fecha deseada.
Hacienda y movilidad
En su condición de ministra de Hacienda, Montero también ha hecho gala de la campaña de la renta 2020 alejada de la realidad de la ciudadanía que empieza a mostrar su malestar por las condiciones que tendrán, especialmente los que hayan sufrido un ERTE con independencia del bruto anual facturado. Así pues, la ministra recuerda que la pandemia ha provocado tener "más de 5 millones de personas en ERTE" en algún momento y estos tienen un doble pagador, la empresa y el servicio público de trabajo. También afectará a los que perciben el ingreso mínimo vital y que tan sólo se hace para "llevar un itinerario profesional y combatir el fraude" pero reitera que "no tiene una finalidad recaudatoria".
A pesar de todo, tocará pagar. Y como medida para facilitarlo se aplicará un pago en seis meses que estará exento de intereses y será proporcional en lo que se haya percibido. Pero se tendrá que mirar la letra pequeña de cada caso. A modo de ejemplo, las madres que hayan cobrado los cien euros de ayuda mensual lo dejarán de cobrar automáticamente y lo tendrán que devolver si ya han ingresado una parte por estar en situación de ERTE, por lo cual se considera que ya no son madres trabajadoras y por lo tanto no lo pueden percibir.
Con respecto a la movilidad y el final del Estado de Alarma, previsto de forma provisional para el 9 de mayo, Montero advierte que la competencia llena pasará a regirse desde los gobiernos autonómicos: "Cada territorio podría poner en marcha mecanismos necesarios para que no se incrementen los contagios mediante la legislación ordinaria en materia de salud pública".
Es decir, podría desaparecer el cierre perimetral dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio pero si se quiere mirar hacia un escenario de "movilidad más normalizada y si la tendencia de la Covid-19 sigue como la de ahora, con un ligero repunte". Desde el Gobierno mantienen esta línea y que no empeore hasta octubre o principios de noviembre.