El ministerio de Hacienda y Función Pública garantiza a la Generalitat el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) de julio por importe de 110 millones de euros, aunque el Govern todavía no le ha enviado aún los nombres de los funcionarios encargados de aprobar y efectuar los pagos de las conselleries y entidades públicas. La recepción de este listado era una de las demandas del Estado en el marco del acuerdo que condiciona el FLA para evitar gastos relacionados con el referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, Hacienda considera que de momento no existen indicios para presumir ningún incumplimiento de la legalidad y desembolsará la cuantía.

El ministro Cristóbal Montoro lo ha expuesto ambiguamente tras el consejo de política fiscal y financiera celebrado en Madrid, presidido también por la vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. Montoro ha informado en la rueda de prensa posterior que este mismo jueves había enviado un nuevo requerimiento a la Generalitat para que le enviara el listado de los interventores y otros altos funcionarios encargados de los pagos. Aquí ha cargado duramente contra los representantes catalanes, reiterando en varias ocasiones que era "una obviedad" que los responsables máximos eran los consellers, pero quería recibir "formalmente" el listado de quienes ya firman las facturas habitualmente.

La cuestión es que el ministro no ha descartado futuras sanciones en adelante, pero antes se ha mostrado convencido de que "seguro" que finalmente se enviarían estos nombres desde el Govern "porque están obligados" a ello. "No le quepa duda", ha dicho a los periodistas. En segundo lugar, ha hablado "de otro tipo de medidas intermedias" si eso no sucede, como rebajando su gravedad, pero que también serían en el marco del FLA condicionado. "No se tiene que ver especial crispación en el hecho", ha insistido sobre una medida que ya se implantó el año 2015, aunque esta vez el contexto es otro: el 1-O y con periodicidad semanal.

Ante esta rectificación ambigua del Estado, la cuestión es que los tiempos también han jugado en favor de la Generalitat. Mañana mismo tocaría ingresar el importe de los 110 millones de euros, como ha ratificado al secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. Por otra parte, Hacienda recibió la justificación de la interventora Roser Vila asegurando que los 6.150 euros desviados fueron a parar a un software y no a gastos electorales. "No tenemos indicio de ilegalidad", ha argumentado Montoro, asegurando que así espera constatarlo este viernes cuando el Govern le remita el primer informe al respecto.